El gobernador Maximiliano Pullaro determinó la intervención de la Caja de Previsión Social de agentes civiles del Estado provincial con el fin de corregir ciertas irregularidades.
Inmediatamente hubo reclamos contra la disposición por parte de jubilados y pensionados provinciales, llegando a presentan un recurso de amparo por medio de los oficios de la abogada Milva Sánchez.
“Ya en agosto de 2023, algunos clientes me manifestaron que había irregularidades en la composición del órgano de administración de La Caja. Iniciamos un reclamo porque La Caja no tenía un órgano de gobierno con capacidad o competencia para resolver ningún tipo de reclamo”, indicó Sánchez a LT8.
El órgano es, según la ley 13158, “un directorio que tiene que tener representación de afiliados pasivo y activos y un representante elegido por Poder Ejecutivo. Esto se hace a través de actos eleccionarios regulados por ley pero hacía 10 años que no los había, con lo que el órgano quedó sin control del Ejecutivo, incompleto y gobernado por quienes fueron electos en 2010, cuando el período de mandato de ellos es de 4 años, indicó la letrada.
“Planteamos esto por nota a Perotti y les llevamos copias a Pullaro y a Lewandowski, quienes en ese momento iban a competir en las elecciones a gobernador, para que lo vieran por si les tocaba ganar. La Caja es un ente público no estatal sobre el cual, el Poder Ejecutivo tiene la potestad y la obligación de ejercer el control, y la omisión del llamado a elecciones es una circunstancia de suma gravedad que está sancionada con la intervención sobre el órgano de administración, que es lo que sucedió ahora”.
