El gobierno nacional aseguró que «la justicia actuará con toda firmeza» contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales, y llamó a los efectivos que realizan medidas de fuerza a que «depongan la actitud», dado que «hay vías institucionales para el reclamo, y entre ellas no está quitar el servicio a ciudadanos».
El ministro de Justicia , Julio Alak, aseguró que los saqueos que tuvieron lugar en distintos puntos del país «no son espontáneos, sino que son organizados» en esa línea anunció que se convocaron todos los fiscales del país para que investiguen los saqueos y denuncien a las fuerzas de seguridad que no se presenten a cumplir se trabajo.
«La seguridad pública es un servicio público esencial», aseguró el funcionario nacional en conferencia de prensa, junto al secretario de Justicia, Julián Álvarez.
A la vez, Alak consideró que «no hay una necesidad alimentaria», debido a que «se han robado bienes suntuarios, se han robado joyerías».
El ministro apuntó a las protestas que llevan adelante personal policial y consideró que son «medidas de fuerza que van en contra de la ley». «Ningún ciudadano puede ser privado de la seguridad, es un servicio esencial público», señaló.
Por ello, anunció que la procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo puso a los 720 fiscales de la Provincia «en guardia permanente», priorizando la investigación, procesamientos, y detención de quienes incentiven saqueos y quienes eventualmente los lleven a cabo. Además, se los instruyó a que se denuncie a los efectivos de seguridad que no cumplen con los trabajo.
También adelantó que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo, hará lo propio con todos los fiscales federales quienes también tendrán en cuenta, «los saqueos y que falta de prestación de servicio», dijo Alak. Además adelantó que fueron convocados para el viernes a Córdoba todos los procuadores y fiscales generales para que «podamos coordinar y darle la máxima atención a quienes no están cumpliendo con la ley», concluyó el ministro.
Alak y Álvarez remarcaron que los saqueos «no obedecen a necesidades alimentarias», que fueron «incentivados por sectores políticos» a través de redes sociales, y aseguraron que aplicarán sobre los responsables todo el peso de la ley.
Además, condenaron que policías de varias provincias hayan protagonizado huelgas, en reclamo de mejoras salariales, y advirtieron que esas medidas -en el caso de la Policía- es «ilegal» porque se trata de un «servicio esencial» para la ciudadanía, como el de la salud.
«Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza», subrayó Alak, para quien también surgen «claros indicios» del accionar de una organización «delictiva» a partir de la «elección de la época del año».
Por su parte, Alvarez criticó declaraciones formuladas por el exjefe de la policía provincial y actual concejal del massismo, Salvador Baratta quien justificó las medidas policiales y también remarcó que la oposición mantiene silencio frente al conflicto de las fuerzas de seguridad.
