El ministro de Economía, Axel Kicillof, adelantó que el Gobierno apelará el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga al país a pagar una indemnización de 405 millones de dólares a la firma francesa Suez, por la cancelación del contrato de concesión de Aguas Argentinas.
«El fallo del Ciadi no está firme. Argentina va a apelar. A la empresa sólo le reconocieron un tercio de lo que reclamaba», dijo el ministro. Además, aseguró que «la privatización (del servicio de aguas y cloacas) fue mala. No se cumplió con el contrato, y luego de la estatización el país invirtió 5.000 millones de dólares».
La firma francesa Suez fue la ex concesionaria de Aguas Argentinas que demandó al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió «unilateralmente» el contrato suscripto en 1993, durante el proceso de privatizaciones llevado adelante por el ex presidente Carlos Menem.
Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe.
Kicillof recordó que el reclamo inicial de la empresa Suez había sido de 1.200 millones de dólares. «Pedían indemnización por daño moral y que se le reconozcan las inversiones hechas y el Ciadi no lo reconoció», subrayó el ministro.
«El tercio, los 400 millones de dólares que se le reconocen, son miserables», opinó el funcionario.
Luego de enumerar las inversiones del Estado en la empresa estatizada, dijo que los tratados que se firmaron durante el gobierno de Carlos Menen colocaron al Ciadi como tribunal arbitral, mientras que en esa misma época naciones como Brasil «no firmaron nada» parecido en los procesos que llevaron adelante.
Tras la rescisión del contrato de Aguas Argentinas, el gobierno creó la empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos SA (AYSA), en marzo de 2006, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner.
El argumento del gobierno fue que los accionistas franceses habían incumplido las obras previstas en los contratos de concesión para el servicio de provisión de agua potable para Capital Federal y el Conurbano bonaerense.
