El gobierno está por cerrar un acuerdo con las cinco empresas que tienen sentencias definitivas originadas en la crisis de 2001 a su favor en el Ciadi (siglas del tribunal del Banco Mundial para el arreglo de diferencias relativas a inversiones) y al Uncitral, su gemelo bajo la órbita de Naciones Unidas. Según informaron fuentes oficiales, el entendimiento involucra una quita en el capital e intereses, el pago en bonos y el compromiso de reinvertir en el país un porcentaje de la sentencia original.
El monto de las cinco causas es de 500 millones de dólares aproximadamente, a los que se les aplican las quitas arriba mencionadas. La importancia de este entendimiento, que puede anunciarse este mes, es que, más allá de que se cierran demandas con atrasos en los pagos de varios años (el gobierno norteamericano eliminó a la Argentina por ello de un sistema de preferencia arancelaria), ocurre a poco de la definición de la demanda de los fondos buitre contra el país por el default de 2001.
Hay varios puntos en común entre ambos senderos judiciales. La presencia del ministro Hernán Lorenzino en Estados Unidos estaría relacionada con el cierre de las negociaciones de las causas en el Ciadi y el Uncitral, pero también con la presentación del nuevo IPC Nacional, un muleto de la actual y cuestionada medición del Indec que arrastra al país a una serie de sanciones dentro del FMI.
Las cinco empresas que participaron de las negociaciones con el equipo de Lorenzino son: 1) Azurix, la concesionaria de la hundida Enron que prestaba el servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires cuyo contrato se levantó en 2002; 2) Blue Ridge, que estaba a cargo de CMS Gas Transmission Company, también con explosión del contrato en 2002; 3) Vivendi, por Aguas del Aconquija en Tucumán; 4) National Grid, una empresa británica de energía que ganó una demanda por 54 millones de dólares y que formaba parte de Transener, la transportadora de energía eléctrica; 5) Continental Casualty Company, accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo que poseía Letras del Tesoro argentino en pesos convertibles al dólar.
Los dos primeros casos son los más relevantes en cuanto al monto dado que ascienden a 300 millones de dólares en la sentencia original. Tras ello vienen las quitas.
En los últimos años hubo varios contactos de empresas demandantes para intentar llegar a un entendimiento con el país, pero en esta ocasión es en el que más se avanzó. El esquema fue similar al del canje de la deuda de 2010: los propios acreedores se encargaron de hacerle llegar una oferta al gobierno. A partir de allí, comenzaron conversaciones por quitas y el mecanismo de pago. Según información a la que accedió este diario, podría haber una quita del 15 por ciento en el capital original de la demanda, y del 45 por los intereses generados desde la sentencia definitiva.
Los títulos que se utilizarían para cancelar estos pasivos son el Boden 2015 para el capital y el Bonar 10 para los intereses. Ambos poseen legislación argentina, no sólo por deseo argentino, sino también por un ruego de los demandantes, para quedar fuera de las garras del juez Thomas Griesa.
El gobierno argentino habría impuesto la obligación de que parte de la demanda original que se esté cancelando se canalice a inversiones en la Argentina. Sería un 10 por ciento lo que estipula que debe permanecer invertido que encontraron en los Baade, el bono que integra el menú del alicaído blanqueo, el vehículo para hacerlo. El camino legal de este acuerdo sería primero una resolución del Ministerio de Economía, un decreto presidencial con el visto bueno de la Sigen (Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General). Para el gobierno se trata de un acuerdo políticamente correcto. Es que cierra capítulos de la crisis de 2001, es decir, “heredados”, paga con bonos, aplica “quitas” y agrega compromisos de inversión. Envía señales al gobierno norteamericano de que no se trata de un deudor tan “recalcitrante”. Las empresas acreedoras logran cerrar un capítulo que jamás imaginaron, por lo menos antes de 2015. En realidad, de las empresas demandantes originales está Azurix con el Bank of America (que lleva la de Blue Ridge); las otras tres causas de Vivendi, National Grid y Continental Casualty están bajo el ala del fondo de inversión Gramercy, con Jim Taylor, su manager para mercados emergentes, como actor principal. Se trata del fondo que ingresó a los canjes y que viene respaldando al país en los tribunales de Nueva York.
