El gobierno de facto boliviano que preside la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, denunció este viernes formalmente al ex mandatario Evo Morales por delitos de “terrorismo y sedición” ante la Fiscalía de La Paz, en lugar de hacerlo ante tribunales internacionales como había señalado en la víspera.
La acusación, que exige las penas máximas por estos crímenes, fue presentada por el ministro provisional de Gobierno, Arturo Murillo.
“Las pruebas están claras”, defendió Murillo, en referencia a un video que dio a conocer este jueves, donde supuestamente Morales fomenta los piquetes en las ciudades para forzar la salida gobierno de facto.
En el registro, cuya autenticidad no está confirmada por fuentes independientes, se escucha presuntamente a Morales dar instrucciones para organizar a los cocaleros y resistir con bloqueos de carreteras al gobierno golpista de Añez.
“Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades”, acusó el ministro, citado por la agencia de noticias EFE.
Este jueves, Murillo había calificado la supuesta orden de Morales como “crimen de lesa humanidad” por el que iban a denunciarlo ante tribunales internacionales.
Sin embargo, el gobierno que derrocó a Evo optó finalmente por presentar la acusación ante la justicia boliviana.
En Bolivia, las penas por terrorismo van de 15 a 20 años de prisión y por sedición de 1 a 3 años de cárcel.
La denuncia fue también presentada contra el ex ministro de Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana, cuyo paradero se ignora.
Según señaló Murillo, Quintana amenazó con convertir al país andino en “un nuevo Vietnam”.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo ante periodistas que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del video atribuido a Morales y, para ello, pidió a la Cancillería boliviana contactar con la de México por si necesita su ayuda.
Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre bajo presión militar y después de que la oposición denunciara que logró la reelección en los comicios del 20 de octubre de manera fraudulenta.
Tras presentar la renuncia se marchó al exilio en México y Añez se proclamó a la cabeza del Poder Ejecutivo durante una sesión parlamentaria sin quórum y con la promesa de llamar a elecciones en el menor tiempo posible.
