El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, convocó este jueves a una conferencia de prensa para anunciar que no aplicará por ahora las modificaciones a la ley de minera provincial 7 722, que autoriza el uso de cianuro y ácido sulfúrico en las explotaciones, y llamó a un amplio debate en el que espera «llegar a un acuerdo» para poner en vigencia la norma.
«Esta ley hay que reglamentarla. Voy a suspender la reglamentación de la ley, con lo cual, la ley no entrará en vigencia hasta que no sea reglamentada», explicó Suárez. El gobernador fue blanco de masivas movilizaciones en contra de la norma por parte de organizaciones ambientalistas, ciudadanos, ámbitos académicos y hasta productores agropecuarios, muchos de los cuales utilizan, también, tóxicos en sus actividades. Tan heterogéneas como amplias fueron las críticas que terminaron por preocupar al Ejecutivo nacional, que había enviado señales de disgusto ante la inminencia de la escalada del conflicto.
Sigue la protesta y la salida es complicada
Los colectivos que encabezaron las marchas y actos contra la ley 9 209, que modificó la 7 722, aclararon después de la conferencia que seguirán con las protestas hasta que se derogue la norma, una instancia complicada. El abogado especializado en derecho ambiental Enrique Viale explicó que no hay posibilidad jurídica de «suspender» la ley cuestionada por un veto, porque ya está promulgada. Queda, dijo, la alternativa de un largo camino judicial. Otra chance es que el gobernador convoque a sesiones extraordinarias a la Legislatura provincial para derogar el instrumento mediante otra ley.
Gobernador a la defensiva
«Queremos dar el debate. Vamos a convocar a todas las entidades, a todos los que opinen, que saquemos este debate a la luz seriamente. Aquí viven mis hijos, mis nietos, aquí nací yo y voy a morir en esta tierra y lo que más quiero es cuidar el agua», subrayó el mandatario mendocino, un radical en Cambiemos que, para avanzar en los cambios de la discordia había contado con el acompañamiento del PJ provincial y hasta un visto bueno de la Casa Rosada.
Suárez, de todos modos, intentó bajarle el tenor a los peligros que le asignan a los cambios legales en la actividad minera. «Es mentira que automáticamente, porque hay una explotación minera, hay contaminación. Tendría que ocurrir un grave error para que suceda eso. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien en un debate maduro. Pero este debate oculto y dogmático no nos está haciendo bien», señaló.
Antecedentes de peso
Los argumentos del mandatario mendocino contrastan con los antecedentes recientes en la Argentina. El 12 de septiembre de 2015, empleados del yacimiento Veladero, que la multinacional Barrick Gold tiene en San Juan, les advirtieron a sus familias que vivían río abajo que no tomen agua, porque se había derramado una solución con cianuro y otros metales pesados que utilizaban para separar la roca del metal. El incidente se considera el más grave de contaminación por megaminería en el país, pero no es el único.
«Como el primer deber que tengo es garantizar la paz social y tenemos información y no queremos que los violentos ganen este debate, diciendo que hubo represión cuando no la hubo. Vamos a convocar al diálogo a todos. Al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Voy a estar presente personalmente en el debate», siguió Suárez en su conferencia de prensa. Volvió, así, con las deslegitimaciones oficiales a las protestas a las que, finalmente, debió reconocer.
«No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Voy a gobernar escuchando a cada uno de los mendocinos. Me anima y me mueve solamente la pobreza. Lo que queremos es cuidar el agua y que haya trabajo, trabajo de calidad», concluyó.
Nación apuró
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, afirmó este jueves, en relación con la reforma de la ley mendocina de minería y luego de la marcha atrás del gobernador Suárez, la trascendencia federal del conflicto: “Tenemos claro que la Constitución Nacional establece que estos recursos son de las provincias, y la ley 7722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos”, dijo el funcionario.
Cabandié, en una entrevista radial en AM 530 Somos Radios, afirmó que “el presidente (Alberto Fernández) y todos en general estamos muy preocupados”. Una confirmación implícita del impacto negativo que tuvo en la Casa Rosada la escalada mediática del rechazo a la ley mendocina, que amenazaba sumar un conflicto al severo cuadro económico y social que debe enfrentar la gestión del Frente de Todos. “Me parece que marca un camino que, evidentemente, no tiene consenso en la sociedad mendocina”, agregó el ministro sobre las movilizaciones ciudadanas.
“Hay una cuenca hídrica –explicó Cabandié– que es la del Desaguadero, la cuenca del Atuel, donde hay varias provincias. Por lo tanto, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua”. Y aclaró que “esto es una ley provincial y desde 1994, con la reforma constitucional, estos recursos son potestad de las provincias. La ley mendocina que habilita esta minería evidentemente no está teniendo consenso en la sociedad, y además es un tema que tiene que resolver el gobernador y la Legislatura de esa provincia”, afirmó el funcionario.
Sobre la vitalidad de este recurso natural, el ministro sostuvo que “hay estudios científicos, de la Academia, que están marcando evidentemente que Mendoza tiene un problema con el agua, hay escasez de este recurso. El cambio climático llevó a reducir los volúmenes de los glaciares y eso produce un estrés hídrico en la provincia”.
