El Gobierno oficializará en los próximos días la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, implicaban al Estado un desembolso de alrededor de 34 millones de dólares al año, mientras que además cerrará 59 Centros de Referencia (CDR).
Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.
Esto se dispuso luego de que la gestión de Javier Milei definiera la eliminación del Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, también con el objetivo central de eliminar la intermediación.
La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión, se sumó a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta.
Las organizaciones podría definir mañana una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las principales críticas del oficialismo estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios.
Las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, «lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia», sostienen en el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
Además, Capital Humano informó que cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que «funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado» y destacó que con la medida se ahorrará 5.000 millones de pesos anuales.
«Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4 mil millones de pesos por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares», detalló la cartera en un comunicado.
Al respecto, se indicó que «los Centros reciben muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo». «Son la imagen más clara de la burocracia del Estado», se agregó.
«Los trámites serán digitales para ahorrar gasto público, modernizar y ser más eficientes. También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia», se indicó.
