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El gobierno de Milei envió un proyecto para derogar las Paso, pero deberá habilitar sesiones extraordinarias para poder tratarlo

El oficialismo también propone una reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos para eliminar el aporte estatal

El Gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de eliminación de las Paso y de reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos.   

También giró a Diputados un proyecto de reforma de la ley electoral donde establece que las fuerzas deberán tener personería en 10 de los 24 distritos para contar con reconocimiento jurídico.

Para tratar estos proyectos el Gobierno deberá incluirlo en la convocatoria a sesiones extraordinarias o, en su defecto, esperar hasta el 1 de marzo, ya que solo queda una semana para que concluya el período ordinario.

Este miércoles concluyó el plazo para poder emitir los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones.

Así, para poder tratar la eliminación de las Paso el oficialismo deberá encarar negociaciones con todos los bloques políticos, ya que se requieren 129 votos en diputados y 37 en el Senado para modificar una ley electoral.

Por ese motivo deberá encarar negociaciones con los bloques parlamentarios, debido a que solo tiene 39 de los 257 legisladores que tiene la Cámara baja y seis de los 72 que integran el Senado.

El Gobierno argumentó la necesidad de eliminar el régimen de las Paso que «la ciudadanía debe dejar de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los Partidos Políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional».

Otro punto central de la propuesta del Poder Ejecutivo es que elimina el aporte del Estado a las campañas de financiamiento así como la obligación que los medios de comunicación difundan los sptos de campaña electoral, al fijar que solo deberán sostenerse con aportes aportes privados.

Subrayó el Gobierno que «estas reformas implicarían un auténtico avance en lo que hace a la calidad de nuestras instituciones democráticas, y su sanción significaría un verdadero alivio para todos los argentinos que han soportado durante años el peso de un aparato político insaciable que siempre se financió a costa de los contribuyentes».

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