El gobernador de la provincia, Omar Perotti, convocó a entidades representativas de la producción, sindicatos e instituciones de la sociedad civil a “una reunión informativa sobre aspectos generales de la etapa inicial de la gestión provincial”, según anticiparon desde la Casa Gris. El objetivo del encuentro es lograr consenso en torno a las leyes de emergencia que el Ejecutivo enviará en los próximos días a la Legislatura provincial.
El encuentro con las entidades intermedias se llevará a cabo este martes, a las 18, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. Es la continuidad de una ronda de consultas iniciada la semana pasada por el Ejecutivo. Hasta ahora, hubo reuniones con bloques minoritarios de la Cámara de Diputados (Frente Social y Popular, Igualdad y Participación y Somos Vida) y con intendentes y presidentes comunales de todos los colores políticos.
Esta semana, las reuniones continuarán con las entidades de la producción (se espera a representantes del campo, de la industria y del sector comercial) y con dirigentes gremiales de toda la provincia. También esta semana el gobierno tiene previsto recibir a autoridades partidarias y líderes legislativos de la UCR y del socialismo, que conforman como bloque del Frente Progresista el espacio mayoritario en la Cámara de Diputados.
Para el gobierno de Perotti, la sanción de las emergencias –que fueron rechazadas en diciembre– es la prioridad en esta primera etapa de la gestión. Sobre fines de diciembre, el paquete de proyectos recibió media sanción del Senado pero luego fue rechazado y enviado al archivo por parte de la mayoría de los diputados provinciales que integran los bloques del Frente Progresista, de Cambiemos y de Somos Vida.
En aquella ocasión, apenas asumido el gobierno, Perotti envió a la Legislatura un solo proyecto con ocho declaraciones de emergencia en distintas áreas del Estado: social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal y en seguridad. Si bien la iniciativa tuvo el acompañamiento de los senadores, en la última sesión de 2019 la Cámara de Diputados la rechazó con el argumento de que no estaban dadas las condiciones para declarar las emergencias.
En esa oportunidad, hizo mucho ruido entre los bloques opositores la decisión del gobierno de incluir en un solo proyecto de ley las ocho emergencias. Ahora las cosas cambiaron y la presión de los intendentes y presidentes comunales, con sus arcas vacías, sumada a la situación de inseguridad que impera en las ciudades más grandes de la provincia, dibujan otro panorama, más favorable a los intereses del gobierno.
El nuevo proyecto
En la Casa Gris se ultiman los detalles de la nueva presentación legislativa. Aun no definieron si será un solo proyecto en el que se reúnan todas las emergencias (centralizadas en tres ejes: seguridad, economía y alimentación/salud) o si enviarán las distintas declaraciones a través de diferentes iniciativas.
Como sea, el contenido del proyecto o de los proyectos incluye novedades respecto de lo que se debatió en diciembre, cuyo trazo grueso pasaba por la autorización de la Legislatura al Ejecutivo para poder realizar compras y contrataciones en plazos menores a los que establece la burocracia estatal, con el fin de atender las distintas urgencias.
Por caso, en materia económica, la nueva declaración de emergencia establece la posibilidad de que el gobierno tome créditos externos para financiar la obra pública, virtualmente paralizada desde el segundo semestre del año pasado. Y también la autorización para que el Ejecutivo emita letras del Tesoro a largo plazo (financiamiento en los mercados locales).
En materia social, se prevé un fondo especial para el sector salud, el aumento de los montos que se otorgan a través de la Tarjeta de Ciudadanía (de 300 a 1000 pesos), el congelamiento de las tarifas de agua y luz por seis meses y recursos para poner en marcha el Boleto Educativo, una de las principales promesas de campaña de Perotti.
En tanto, para el área de seguridad, la emergencia contemplará la autorización para modificar los procesos de sanción y expulsión de agentes de la Policía, la compra de equipamiento en plazos abreviados, la potestad de que el gobierno modifique por decreto las leyes orgánicas del régimen policial y la facultad de reasignar funciones a las distintas áreas policiales.
