El Gobierno de Santa Fe solicitó este martes la sanción de la nueva ley de emergencia agropecuaria, cuyo proyecto se encuentra en el Senado provincial, ya que la norma vigente «quedó obsoleta» porque deja de lado a los productores arrendatarios y no genera beneficios directos a la producción.
La secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción de Santa Fe, María Eugenia Carrizo, consideró que el texto que impulsa el Gobierno provincial «permitirá generar respuestas concretas y previsibilidad en los sistemas productivos santafesinos».
El proyecto denominado Sistema Provincial Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios busca reemplazar la actual Ley Provincial Emergencia Agropecuaria número 11.297, que está vigente desde 1995.
Según el gobierno provincial, las principales falencias de la ley en vigencia son que actúa luego de los eventos y que tiene como beneficiarios solo a los propietarios de la tierra con beneficios impositivos acotados, como prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural.
En ese sentido, deja de lado a los productores arrendatarios, que cubren el 70% de las explotaciones santafesinas.
«Nuestra provincia tuvo 12 millones de hectáreas declaradas este año en emergencia y desastre agropecuario en 18 departamentos por la ley vigente, de las cuáles solamente se presentaron 1.750 declaraciones juradas de los productores que representan 700.000 hectáreas, es decir sólo el 5,8% de la superficie», explicó Carrizo.
Para la funcionaria, «esos números indican claramente que la ley ha quedado totalmente obsoleta con el sistema productivo actual y los productores no adhieren dado que los beneficios son acotados».
«La nueva normativa que proponemos contempla herramientas que son muy demandadas por los productores, como asistencia financiera para la recomposición del capital de trabajo y para realizar inversiones para la mitigación de sequías o inundaciones, y un fuerte estímulo a la utilización de los seguros agropecuarios», añadió la funcionaria.
El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y desastre agropecuario y fue elaborado por el Ministerio de Producción con el consenso de entidades intermedias del sector productivo.
Participaron en la redacción las entidades que representan a las patronales y a los productores, bursátiles, colegios profesionales de veterinarios e ingenieros agrónomos y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
