Por Luana Volnovich (*)
Un jubilado que cobra la mínima habrá perdido en el año 8 mil pesos de ingresos contra la inflación, es decir, un mes de haber. Claro está que si una vez más las proyecciones oficiales no se cumplen y la inflación supera la meta prevista, el deterioro será aún mayor.
Este formidable recorte sobre los jubilados no hace más que confirmar el rumbo del achique y la vocación ajustadora de un gobierno al que le sobra audacia con los sectores más desprotegidos de la sociedad. El deterioro del poder adquisitivo de los haberes que pueden comprar cada vez menos alimentos y medicamentos es el resultado inevitable de una política económica que se orientó desde el principio a transferir ingresos de los sectores populares a los grupos de poder.
El empobrecimiento de los jubilados en la era Macri es un hecho. El gobierno se encargó de derrumbar la jubilación mínima de 443 dólares en el año 2015 a 215 dólares en la actualidad, además de haber instaurado con la ley de Reparación Histórica una nueva mínima en la Argentina: la pensión universal para el adulto mayor (Puam) de 6.900 pesos.
Sumado a esto, los efectos combinados de los tarifazos, las devaluaciones continuadas de la moneda, el desmantelamiento de los programas de cuidado de precios y el recorte de las prestaciones del Pami, terminaron por extender las calamidades que día a día padecen los jubilados.
El proyecto de ley de bono compensatorio para los jubilados presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el bloque del Frente para la Victoria-PJ tiene por objetivo compensar a los jubilados ante este brutal saqueo sobre sus haberes. El bono será de 8 mil pesos a pagarse en el mes de diciembre, para todos los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.
Hoy más que nunca es necesario que el Congreso intervenga con iniciativas para cuidar a la gente y evitar que se extienda el padecimiento, en un contexto donde el Poder Ejecutivo resulta completamente indiferente ante el sufrimiento de un pueblo que no aguanta más las políticas de hambre, achique y ajuste.
La política oficial parece estar encomendada a descuidar los intereses de la gente y favorecer la rentabilidad en dólares de las empresas energéticas. Días atrás, todos los argentinos vimos con asombro el desparpajo del gobierno al querer “compensar” a las empresas distribuidoras de gas a costa del bolsillo de los usuarios, y cuando el rechazo masivo fue evidente, lo hicieron a costa del Estado.
Para los jubilados esta medida resulta doblemente ofensiva. No solo porque en la era de Mauricio Macri, producto de los tarifazos, los servicios de gas y de electricidad crecieron en promedio 16 veces más que la jubilaciones, sino también porque las facturas son impagables y los jubilados tienen que recurrir a los prestamos Argenta a tasas del 44% anual para afrontar los servicios.
Por otro lado, con la decisión del gobierno de compensar desde el Estado a las empresas energéticas, se cae la mentira que venimos escuchando desde los inicios de su gestión de que “no hay plata”. Esto nos da un motivo más para exigirle al gobierno que compense a los jubilados argentinos. El gobierno debería recapacitar y compensar efectivamente a los que más lo necesitan, a los que no pueden esperar y a los que trabajaron durante toda su vida. Si los recursos públicos están disponibles para subsidiar la renta en dólares de las empresas distribuidoras de gas, con más razón se deben utilizar para compensar a los jubilados por el fracaso de su propia política económica.
(*) Diputada nacional de Unidad Ciudadana
La jubilación mínima debiera ser de $19.000
Por Cepa (*)
La pérdida de poder adquisitivo derivada de la devaluación reciente y asimismo el cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria de diciembre de 2017 ha generado que los haberes de jubilados y pensionados, asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo han sufrido una sensible merma en su poder de compra.
En diciembre de 2017 se cambió la fórmula de movilidad jubilatoria por ajuste trimestral que promedia en un 70% la variación de precios del Índice de Precios al Consumidor (Indec) y un 30% del coeficiente de variación salarial. La movilidad jubilatoria actual ha consolidado la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, derivado del cambio de fórmula, la creciente inflación en conjunción con salarios que evolucionan por debajo del aumento de precios.
Es posible inferir una recuperación del poder adquisitivo de los jubilados en los próximos meses, pero esto sólo se produciría si la inflación se mueve por debajo de los niveles actuales. De todas formas, incluso en ese escenario, el valor real de las jubilaciones se encuentra en promedios inferiores a los de los años anteriores.
A diciembre de 2018 la jubilación mínima habrá retrocedido 7,3% en su poder de compra respecto del promedio de 2017 y 13,9% en su poder de compra respecto del promedio de jubilación mínima de 2015. Si se considera la comparación del último mes del año, la pérdida es de 12,1% en relación a 2017 y de 17,2% en relación a 2015.
Si se quisiera equiparar el poder de compra de la jubilación mínima en 2018 al de 2017, habría que adosarle la suma de $9.264. Asimismo, para equiparar el poder de compra de la jubilación mínima en 2018 al de 2015, habría que adosarle la suma de $18.975. Si se considera el valor a diciembre, la pérdida anualizada ascendería a $14.206 respecto de 2017 y $20.246 respecto de diciembre de 2015, también anualizando la diferencia.
En este sentido, cabe indicar que la “equiparación” de poder adquisitivo –que podría realizarse en diciembre con una suma fija por única vez– no revertiría la tendencia descendente que experimentan los haberes desde la actualización de septiembre de 2015.
Al analizar el valor final de la jubilación mínima se percibe que, a diciembre de 2018, el poder adquisitivo asciende a 81,7% del valor promedio de 2015. Es decir, que para diciembre de 2018 hará perdido 18,3% de su poder de compra respecto del promedio de 2015.
(*) Centro de Economía Política Argentina
