El Gobierno eliminó el régimen de información para empresas creado por la administración anterior que establecía la obligación de dar a conocer mensualmente los precios de todos los productos, porque consideró que «resulta oportuno para generar mejores condiciones tendientes a la normalización de los mercados, su transparencia, y la atracción de inversiones productivas».
Lo hizo a través de la Resolución 3/2015, del Ministerio de Producción, que además ratificó la confidencialidad de la información suministrada durante la vigencia del régimen.
El lunes pasado, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, anticipó en el marco de la 21 Conferencia Anual Industrial que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA), que ese mismo día iba a derogar «el régimen abusivo de información de precios y estructura de costos y márgenes de ganancias que se les exigen a las empresas».
En marzo del año pasado, la Secretaría de Comercio, a cargo del entonces titular Augusto Costa, emitió la Resolución 29/14 a través de la cual estableció la obligación a cargo de las empresas productoras de insumos y bienes finales, así como de sus distribuidoras y/o comercializadoras, de informar mensualmente los precios vigentes de todos sus productos, cuando las ventas totales anuales realizadas en el mercado interno hayan superado determinado importe durante 2013.
A criterio de la administración actual este régimen «ha demostrado no ser útil para avanzar en las políticas para el cumplimiento de los objetivos de defensa del consumidor y de mayor competitividad en el mercado».
«Lejos de haber cumplido con su objetivo, el esquema de administración de precios ha demostrado ser ineficaz para el cumplimiento de las finalidades por las que se ha pretendido llevarlo adelante, no habiéndose registrado progresos en materia de desarrollo social, productivo y de reindustrialización, ni en el fortalecimiento del mercado interno, la generación de empleo y la inversión», aseguró la nueva resolución en sus considerandos.
Por otra parte, y a través de la Resolución 2/2015, el mismo Ministerio determinó extender hasta el 30 de junio del año próximo, el plazo que venció el 10 de diciembre último, sobre las funciones encomendadas a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
