Alberto Fernández firmó un decreto que le otorga carácter público a toda la documentación relativa a las investigaciones sobre el atentado a la AMIA en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Con el propósito de terminar con «los sótanos de la democracia», «se dispusieron diversas medidas para poner a disposición del órgano judicial correspondiente, información de relevancia producida en diversas dependencias estatales sobre el atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), en particular en la hoy denominada AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA».
Según establece el nuevo decreto, se otorgará caracter PÚBLICO «a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial».
Además, se adoptarán los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en el pasado.
Gran parte de la documentación que se encuentra a resguardo de la AFI había sido desclasificada con decretos firmados en 2015 y 2017, pero sólo tenían acceso las partes interesadas y existían gran cantidad de obstáculos para acceder a su contenido: «Pese a los numerosos antecedentes normativos, persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado ocurrido en el año 1994 y su encubrimiento».
«El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales», se afirma en el Decreto 213/2020.
Por estos motivos, el Gobierno dispuso medidas de carácter urgente para garantizar el procesos de transparencia y publicidad de la información existente que «se ha mantenido secreta para la sociedad en su conjunto».
Por otra parte, para encontrar una solución definitiva, crearán una mesa de diálogo en la que confluyan «los distintos organismos estatales y de la sociedad civil para efectuar un diagnóstico cierto, que permita adoptar rápidas decisiones para que no existan demoras ni problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información».
En esta mesa, participarán representantes de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, el MINISTERIO DE SEGURIDAD, y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO y se invitará al efecto a representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos.
«Es necesario declarar la absoluta desclasificación del material informativo existente, superando cualquier duda interpretativa que pueda haber surgido de resoluciones, decretos u otras normas vigentes a la fecha», se solicita.
