Ocurrió casi en simultáneo: cuando la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, consideró necesario que la Justicia penal investigue las presuntas maniobras que envolvieron a la contratación de Smartmatic, la empresa de origen venezolano a cargo del escrutinio provisorio, de las Paso nacionales una comitiva de agentes demoró durante unas horas al especialista informático Javier Smaldone, quien desde hace un tiempo venía denunciando irregularidades en el sistema del voto electrónico y las falencias del gobierno en materia de seguridad informática. El motivo, cuanto menos, controvertido: retuitear información del caso conocido como “La Gorra Leaks”, una filtración de documentos secretos del Ministerio de Seguridad en enero de 2017, que viralizó 700 GB de información de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, con fichas personales de supuestos agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, entre ellas la del propio jefe de la PF, Néstor Roncaglia.
Según fuentes judiciales Smaldone es investigado por haber retransmitido la información filtrada. Por eso, además de detenerlo y luego liberarlo, se le secuestró su teléfono y su computadora, entre otros elementos personales.
El hecho llama la atención, no sólo por la arbitrariedad de la medida, sino también por coincidir con la decisión de Servini de aceptar la investigación de Smartmatic, luego de la denuncia presentada por el entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por Dignidad Popular, Leonardo Martínez Herrero, que había apuntado que “el Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de todas las mesas del país y dicha empresa terminó contratando a Smartmatic que no solo no puso una sola máquina (las PC las pagó el Ministerio del Interior, como vimos, y los scanner los pagó el Correo), y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto”.
La causa que provocó el allanamiento y la demora de Smaldone se inició por una denuncia de la Policía en los tribunales federales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Luis Rodríguez. Cuando ocurrió la filtración, el propio Smaldone se desmarcó de los hechos. “No, no descargué ni vi absolutamente nada del material. No están los tiempos como para exponerse y dar excusas para que te pateen la puerta y te secuestren tus herramientas de trabajo”, escribió en su cuenta de Twitter.
Y había advertido a Bullrich que “intente ponerse a la altura de las circunstancias, y no aproveche esto (que es gravísimo) para una de sus payasadas mediáticas filmando la detención de perejiles y escrachándolos en Twitter con foto y DNI”.
El especialista en seguridad informática fue llevado por la Policía junto a otras dos personas y, tras permanecer varias horas detenido, fue liberado a media tarde.
Smaldone, un asiduo crítico tanto del macrismo como del kirchnerismo y opositor al proyecto de voto electrónico que impulsó el gobierno nacional en 2016, está apuntado por haber hecho un retuit con la información que circuló sobre agentes de seguridad y que se conoció como “Gorraleaks”, a principios de 2017.
Además, según fuentes con acceso a la investigación que dialogaron con el portal web El Destape, las tres personas fueron señaladas por haber alquilado a través de Mercado Pago servidores que luego se usaron para supuestamente realizar el ataque informático sobre la Policía Federal.
En los operativos fueron secuestrados notebooks y teléfonos celulares, que serán peritados por la Justicia, en teoría para buscar presuntas vinculaciones entre las personas y el ataque informático. Según aclararon, hasta el momento no hay una orden de captura formal contra las tres personas investigadas.
En la mira
Previo a la detención de este martes, Joaquín Sorianello y Alfredo Ortega también sufrieron en carne propia la persecución de los hombres comandados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Tienen algo en común con Smaldone: fueron activos impulsores del rechazo al voto electrónico que quiso imponer el macrismo y, casualmente, sufrieron distintos tipos de persecuciones judiciales.
El primero fue el de Sorianello, quien avisó a la empresa MSA (iniciales de Magic Software Argentina, la dueña de las urnas electrónicas) por las fallas de seguridad que había encontrado en su sistema. Tras la advertencia, que ocurrió en los días previos a la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires en julio de 2015, la por entonces Policía Metropolitana le allanó su casa y le abrió una causa.
Anteriormente, tanto Ortega como Smaldone fueron incluidos en una causa judicial por el hackeo de la cuenta de Twitter de Bullrich. El ministerio los puso a ambos en la mira por el contenido de algunos tuits en los que explicaban las falencias de seguridad de la cartera.
En tanto, la directora de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, repudió la detención en declaraciones a Página 12. “Toda la historia de La Gorra Leaks es un papelón gigante para el Ministerio de Seguridad… Un desastre en materia de seguridad informática y manejo de datos… pero allanan y demoran al mensajero”.
