El gobierno provincial envió a la legislatura el proyecto de Ley de Necesidad Pública que presentó a referentes de las principales fuerzas opositoras durante los últimos días. El texto pone espacial énfasis en atender con urgencia cuestiones relacionadas al ámbito social, alimentario, sanitario y de seguridad. En caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021, a menos que el Ejecutivo lo de por concluido antes de esa fecha.
Otro de los temas polémicos que aparecen en el escrito tiene que ver con el acceso al crédito público que propone el oficialismo. Por un lado pedirán autorización para una toma de deuda por 12 mil millones de pesos, para cancelar la deuda flotante, y por otros 15 mil millones para recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco).
El texto pone de manifiesto que el Ejecutivo deberá adoptar medidas, tanto por sí mismo como por medio de asistencia y cooperación de organismos nacionales e internacionales hasta el máximo de los recursos que disponga. Según el texto del proyecto, el gobierno provincial buscará priorizar: la atención a comedores comunitarios; programas de empleo y capacitación; fomento y desarrollo de actividades de la economía social y programas alimentarios y nutricionales.
Congelamiento y boleto gratuito
El proyecto expone la voluntad de mantener el congelamiento de las tarifas de luz y agua durante 180 días y de implementar el boleto educativo gratuito en la provincia. Ambas iniciativas dependen del visto bueno de la oposición para la toma de deuda que pretende el oficialismo.
En ese sentido, el gobierno provincial buscará el visto bueno de la Legislatura para concretar operaciones de crédito público por 12 mil millones de pesos para la cancelación de la deuda flotante y renegociar contratos públicos. A su vez solicita otra toma de deuda por 15 mil millones de pesos para la recomposición del Fuco.
Municipios
Por otra parte, el proyecto autoriza a aquellos municipios y comunas que declaren estado de necesidad pública en su jurisdicción a que puedan concertar operaciones de crédito público. Para esto necesitarán autorización previa de sus respectivos Concejos municipales cuando corresponda.
En caso de aprobarse el proyecto, existirá un régimen transitorio de asistencia económica a cada municipio que así lo requiera para afrontar compromisos salariales, de servicios esenciales, cancelación de deuda o para inversión. Este instrumento será financiado por la coparticipación nacional y de rentas generales provinciales.
Moratorias
El texto también da lugar al debate por el régimen de regularización de deudas para recursos no tributarios del sector público provincial. El esquema ofrece hasta un 70% de reducción de intereses de deuda por el pago de contado y planes de pago de hasta 36 cuotas.
En este régimen ingresan multas de tránsito en rutas provinciales, tasas retributivas de servicios sanitarios, tasas bromatológicas, multas por incumplimiento de leyes laborales y por infracciones a lo dispuesto por el Ministerio de Medio Ambiente.
Emergencia alimentaria y sanitaria
Los programas de emergencia alimentaria y sanitaria, dispondrán cada uno un total de dos mil quinientos millones de pesos para destinar a su ejecución. En el primer caso será el Ministerio de Desarrollo provincial el que quede a cargo del manejo de fondos, mientras que en el segundo caso será Salud la cartera que disponga del monto asignado.
La cartera conducida por Carlos Parola tendría la potestad de establecer nuevos aranceles y tasas para habilitación de institutos de alta complejidad. En cada caso podrá fijar un importe equivalente de hasta 40 mil módulos tributarios y multas por hasta 300 mil módulos tributarios conforme a los valores unitarios establecidos en la Ley Impositiva de la provincia.
Ambos ministerios tendrán a su cargo la coordinación de las acciones para la superación del estado de necesidad pública en materia social, sanitaria y alimentaria. A su vez deberán efectuar un monitoreo constante de precios y disponibilidad de medicamentos y alimentos en cada caso.
Emergencia en seguridad
Para la emergencia en seguridad el oficialismo propone reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial en Santa Fe. En ese sentido hay una serie de artículos que refieren al personal policial y a una mejora del equipamiento con el que trabajan los efectivos.
Durante la vigencia del estado de necesidad pública, el Ejecutivo podrá otorgar asignaciones no remunerativas a personal policial que desempeñe funciones caracterizadas como críticas. Por otra parte podrá destinar a personal de la administración pública para dar apoyo en el Ministerio de Seguridad y así liberar al personal policial para operativos específicos.
También se dará un apoyo económico al rubro «equipo de seguridad» a través de aportes provinciales, nacionales y provenientes de organismos multilaterales.
