Tal como había anunciado su presidente Miguel Lifschitz, este jueves la Cámara de Diputados de la provincia resolvió girar a dos comisiones (Presupuesto y Asuntos Constitucionales) y darle preferencia para una sesión al proyecto de Ley de Necesidad Pública que impulsa el gobernador Omar Perotti por el cual se declara la emergencia hasta fin de año en seis áreas: social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad.
En la sesión de este jueves, después de una larga reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de la cual participan los jefes de todos los bloques políticos, se acordó acelerar el tratamiento del proyecto que tiene media sanción del Senado desde el 5 de marzo, aunque el Frente Progresista –que tiene mayoría en la Cámara baja– anunció que impulsará una serie de cambios respecto del texto enviado por Perotti. Vuelve al tapete, de esta manera, la discusión entre el proyecto original y el proyecto posible.
Las principales diferencias entre el PJ y el Frente Progresista son por el monto del endeudamiento: Perotti pide autorización para tomar financiamiento por 39 mil millones de pesos (casi el 10% del presupuesto vigente, que es del 415 mil millones), mientras que el principal bloque opositor está dispuesto a autorizar 22 mil millones y con destinos específicos. Tampoco hay acuerdo sobre los llamados súper poderes (facultades delegadas a favor del Ejecutivo) ni sobre la cantidad de recursos que se destinarían para auxiliar a municipios y comunas: el texto original establece partidas por 3500 millones de pesos; el Frente Progresista quiere subir ese monto a 6000 millones.
En busca de un punto de equilibrio entre el proyecto original y el dictamen de minoría presentado la semana pasada por los senadores de la UCR, elaborado en conjunto con el bloque frentistas, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales trabajarán los próximos días bajo el monitoreo del Poder Ejecutivo, que hasta hace pocos días daba por caído el tema y ahora está en condiciones de negociar la sanción definitiva de la ley que le otorgará a Perotti las herramientas que viene pidiendo desde diciembre, o al menos una parte de ellas.
De acuerdo a lo decidido este jueves, el proyecto se votará en la próxima sesión, es decir el jueves 19 o el jueves 26, según cuando realice la convocatoria el presidente de la Cámara de Diputados. Recién allí se verá cuánto del texto original queda en pie una vez que el Frente Progresista pase la tijera.
Ni todo, ni nada
El jefe del bloque de diputados de la UCR, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de “encontrar un punto intermedio” y trazó la línea directriz sobre la cual se moverá el Frente Progresista: “Si el Poder Ejecutivo va por todo, es probable que no tenga nada”.
“Estamos dispuestos a seguir dialogando hasta el último minuto –aseguró Pullaro–, pero desde ya el Frente Progresista está en contra de otorgarle facultades discrecionales al gobernador, otorgarle súper poderes. No se lo hubiésemos dado a un gobernador de nuestro propio signo y por supuesto no se lo vamos a dar al actual gobernador”.
El diputado radical admitió que su espacio está dispuesto a discutir un mayor nivel de endeudamiento, pero puso condiciones: “Todo tiene que ver con el diálogo y para qué se va a usar. Lo que decimos es que tiene que haber un programa para municipios y comunas, porque las dificultades que puede tener la provincia la tienen mucho más agravada los municipios y las comunas”.
Respuestas a Perotti
Unas horas antes de la sesión, el gobernador Perotti le había puesto pimienta al debate al señalar que la actitud de Lifschitz de dilatar el tratamiento del tema –el PJ quería votarlo este jueves sobre tablas– fue “tremendamente mezquina”. En los días previos, los ministros Esteban Borgonovo y Rubén Michlig, a cargo de las negociaciones con la Legislatura, se habían manifestado en el mismo sentido.
El tema no pasó desapercibido y, ya en la sesión, el jefe del bloque de diputados socialistas, Pablo Farías, se lamentó de que en la semana el Frente Progresista “fue objeto de consideraciones negativas, se nos acusó de poner palos en la rueda, no querer dilatar la cuestión, inclusive de mezquindad política. Y lejos de esa mezquindad queremos marcar que no solo estamos de acuerdo en darle ingreso al proyecto sino también de votarlo la semana que viene. Ojalá podamos encontrar un dictamen de consenso, pero eso no depende solamente de los legisladores del Frente Progresista sino también del Poder Ejecutivo”.
En busca de consenso
El jefe del bloque de diputados del PJ, Leandro Busatto, reconoció que en las últimas 48 horas hubo un cambio de escenario: “Hay expectativas de consensuar un texto para que la política se pueda poner de acuerdo sobre un tema sensible”. Busatto se mostró a favor de tratar “rápidamente” el tema y dijo que es necesario tanto para el gobierno como para la oposición.
No obstante, el diputado justicialista dejó en claro que el oficialismo no está dispuesto a ceder en todos los puntos que pide la oposición: “Las herramientas económicas y financieras de la provincia son las que pergeña el Ejecutivo, no la oposición. Ahí radica la mayor diferencia en la que hay que trabajar para lograr un acuerdo: la política económica de la provincia para cubrir las necesidades básicas de los santafesinos está redactada en la Casa Gris, no en la Legislatura”.
Dos miradas
El proyecto original de Perotti, que tiene media sanción, declara de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y establece un esquema de financiamiento de 39 mil millones de pesos, entre créditos externos, refinanciamiento de deudas y reasignación de partidas presupuestarias. Entre los puntos centrales del proyecto con media sanción se incluye un programa de emergencia alimentaria para el cual la provincia podrá tomar un crédito de hasta 2500 millones de pesos y un programa de fortalecimiento sanitario, también por 2500 millones de pesos, para el sistema de salud pública.
Además, para saldar deuda flotante con proveedores y deudas con contratistas de obras públicas, la provincia podrá negociar un crédito de 6000 millones de pesos. Con esos recursos se ofrecerán a los acreedores “papeles negociables” (pagarés o cheques diferidos) para cancelar las deudas. De esa cifra, 1600 millones de pesos se destinarán a municipios y comunas. Con esa deuda se busca bajar el déficit financiero de 2019, que fue de 18.000 millones de pesos.
Se faculta además a la EPE a buscar mecanismos para refinanciar la deuda que mantiene con la mayorista nacional Cammesa, que asciende a 2700 millones de pesos. Y para recomponer el Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), se autoriza a la provincia a tomar un crédito por 16.000 millones de pesos: un primer tramo de 8000 millones y luego dos tramos de 4000 millones previa autorización de la comisión legislativa de seguimiento.
El proyecto original también crea un régimen transitorio de asistencia financiera a municipios y comunas por 3500 millones de pesos. De ese total, 300 millones corresponden a un programa de saneamiento financiero para los municipios de segunda categoría y comunas. Del resto (3200 millones), el 60% (1900 millones) se distribuirán entre Rosario (1400 millones) y Santa Fe (500 millones), el 30% para los municipios de segunda categoría y el 10% restante para las comunas.
En cambio, el dictamen de los senadores de la UCR, que el Frente Progresista pretende tomar como base para la votación en la Cámara de Diputados, limita el endeudamiento a 22 mil millones de pesos, de los cuales 9000 millones serán destinados al congelamiento de las tarifas, el boleto educativo gratuito y el pago de deuda flotante, otros 5000 millones para obras, 2000 millones para el pago deudas con municipios y comunas y 6000 millones para asistencia financiera a municipios y comunas, casi el doble de lo que propone el PJ.
