El gobernador Omar Perotti fomalizó a través de un decreto el pase del Servicio Penitenciario a la órbita del Ministerio de Seguridad. La actual Secretaría de Asuntos Penales y todas sus dependencias (el Servicio Penitenciario Provincial, el Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) y la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria) se mantienen con las mismas estructura y competencia que tenían cuando estaban en el ámbito del Ministerio de Gobierno. El decreto lleva la firma del ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y del ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.
Con esta decisión, el gobernador da marcha atrás con la decisión que había tomado en diciembre de 2019, cuando reformó la ley de Ministerios para que el Servicio Penitenciario pasara a Gobierno. “La dinámica de la gestión de gobierno aconsejan agrupar en una misma cartera ministerial las cuestiones que se vinculan con la seguridad pública”, dijo el gobernador.
“El artículo 32 de la ley 13.920 autoriza al Poder Ejecutivo reasignar en lo sucesivo las competencias de los Ministerios y Secretarías de Estado, dentro de la estructura de gabinete que la norma prevé y siempre que no se alteren el número y la denominación de los mismos, ni se modifiquen los contenidos de las competencias enumeradas y el criterio de especialidad establecido en la misma”, aclaró Perotti.
El nuevo ordenamiento dispuesto por el gobernador asigna “al Ministerio de Seguridad las competencias relativas a la organización y funcionamiento del Sistema Penitenciario Provincial”, con lo que se incluye en la cartera de Jorge Lagna la “estructura de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios” que dirige Walter Gálvez.
Mientras tanto, el gobierno sigue esperando la ley que declara en emergencia al Servicio Penitenciario, que ya tiene media sanción del Senado. El plazo de la emergencia sería por nueve meses, que incluyen “aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales del Servicio Penitenciario de la provincia”. El “objetivo es dotar de eficiencia, seguridad y modernizar el funcionamiento” del área “en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.
