El gobierno de Javier Milei decretó, según lo publicado en el Boletín Oficial, la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de allanar el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización que figura en la Ley Omnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ,ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.
Chaher, fue administrador del Grupo América por casi dos décadas, y es muy cercano a Daniel Vila y José Luis Manzano. Marías ejerció como ex legislador porteño de PRO y miembro del Consejo de la Magistratura. Es muy cercano a Mauricio Macri, con lo cual la especulación es que el ex presidente busca inclinar la balanza en la eventual enajenación de inmuebles, como los muy cotizados predios de Canal 7 y Radio Nacional, en ciudad de Buenos Aires.
“Los dos son abogados que conocen más de la administración de un medio que de programación. La sensación que da es que vienen a tratar de achicarlo, a hacerlo más racional”, señalaron fuentes de RTA.
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
El negocio privado
No hay una cifra certera respecto de lo que vale el predio de Canal 7 en avenida Figueroa Alcorta y Tagle, pero los más entusiastas hablan de 600 millones de dólares e imaginan que se podría armar un distrito de superlujo, al estilo del que se está construyendo en el ex Tiro Federal, solo que con los valores por metro cuadrado más caros de la ciudad, ya que se ubica en pleno Barrio Parque, publicó La Política Online.
En tanto, Radio Nacional cuenta con un enorme predio a uno de los lados de la Panamericana en General Pacheco, cerca de Pilar, donde funciona la planta transmisora. Se trata de la zona conocida como Corredor Norte, una de las más caras. Además, la emisora tiene inmuebles de gran calidad en el centro porteño y en la mayoría de las provincias.
Quienes siguen de cerca el plan del gobierno explican que los medios públicos tienen una planta de unos 3.500 trabajadores. El cálculo es que para que esos medios sean eficientes tiene que quedar unos 600 y que el costo de indemnizar al resto puede rondar los 80 millones de dólares.
Es un costo bajo para el millonario negocio inmobiliario que viene de la mano de la privatización de los medios públicos, pero no es un negocio sencillo. Habrá entramados judiciales, afectaciones específicas en los predios, amparos judiciales y seguramente una fuerte resistencia de los trabajadores.
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