No fue sorpresa, pero agravó el enojo: el Sindicato de Luz y Fuerza suspendió la huelga prevista para este jueves –que marcaba el inicio de un picante plan de lucha del sector– al acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia. “La medida surge apresurada por cuanto no se encuentran agotadas las instancias de diálogo paritario”, marca la resolución de la cartera laboral. Y argumenta, además, que la Empresa Provincial de la Energía no tomó resolución alguna, en el marco de las negociaciones colectivas, “que implique cerrar, sin acuerdo, la paritaria que se venía desarrollando”. Y por ello dictó la medida, que cortó el primer mojón de la huelga que implicaba cese de actividades de manera creciente por 24, 48 y 72 horas durante esta y las semanas venideras de agosto, hasta concluir el mes con una huelga por tiempo indeterminado, en reclamo de aumento salarial en paritarias, rechazo al bono de emergencia de 3.000 pesos dispuesto por la Casa Gris y en demanda de un plan de operaciones e inversiones en la EPE.
La batería de argumentos del Ministerio toma en cuenta por igual las características esenciales del sector energético y la situación extremadamente delicada generada por la pandemia de coronavirus: “Han comenzado a detectarse más de 100 casos diarios y la perspectiva, según los especialistas, irá en aumento, por las características de expansión del virus. Ello, conlleva menor número de trabajadores en servicio”, dice otro párrafo de la resolución. Y también expone que, por el corto lapso entre la información de la medida de fuerza y su concreción, aunque los siete gremios de Luz y Fuerza confirmaron el cumplimiento de guardias mínimas, la cartera laboral advertía una “falencia grave”, ya que “las guardias mínimas en el servicio de provisión de energía eléctrica en todo el territorio provincial exigen conocer de un modo detallado el número de trabajadores disponibles en cada área”. En ese marco, para el Ministerio el gremio “no facilita el tiempo necesario para una correcta organización”, lo cual se agrava “en un contexto delicado producto de la pandemia covid-19”.
La respuesta de los gremios no se hizo esperar, y transitó en dos planos: por una parte se resolvió el acatamineto de la conciliación obligatoria, pero por la otra preparan un escrito para presentar en la cartera laboral, en la que formulan un grave planteo: “El Ministerio ha procedido a tomar abiertamente partido por la posición patronal”. Los siete gremios santafesinos, Rosario Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Rufino y el brazo de Las Rosas y Teodelina (con cabecera sindical en Mercedes, provincia de Buenos Aires) son autónomos pero están articulados en la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf) a nivel nacional, entidad de segundo grado que acompaña la medida de fuerza resuelta y ahora postergada.
Así, las siete entidades sindicales apuntaron sus cañones a la cartera laboral provincial, recordándole que “el rol del Estado en este tipo de conflictos es de mantenerse en una posición de neutralidad e imparcialidad, a fin de preservar el rol de garante de los derechos de las partes, en particular de las organizaciones sindicales”.
También espetaron que los asiste el derecho a la huelga “que está reconocido en la Constitución y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo”, por lo que “los sindicatos no tienen que pedirle permiso al gobierno” para decidir y concretar un paro.
Con todo, mientras los asesores legales del gremio concluyen el escrito que buscará replicar y desarticular los argumentos expuestos por la cartera laboral –con gran profusión de normativas nacionales e internacionales para dar aval al dictado de la medida– Luz y Fuerza confirmó el acatamiento de la conciliación obligatoria y la concurrencia a la audiencia que el Ministerio de Trabajo fijó “por medio de aplicación digital” para el próximo jueves 20 a las 10 y en la que deberá estar presente la intervención de la EPE, encabezada por Mauricio Caussi.
