Luego de postergar la entrada en vigencia del aumento en el impuesto nacional a los combustibles, el Gobierno de Javier Milei prometió represalias a los intendentes que, como el rosarino Pablo Javkin, impulsaron el cobro de una tasa a naftas y gasoil para hacer frente a la sequía de fondos en un contexto de profunda recesión y aumentos de precios. «Estamos terminando de evaluar todas las alternativas que tenemos a disposición para que esto deje de ocurrir, que no pase, es un abuso», arremetió este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su cotidiana conferencia de prensa.
La medida impugnada por Adorni remite a un mecanismo con lo que algunos municipios intentan compensar la caída de los ingresos y el ajuste público implementado desde el Ejecutivo nacional. En el conurbano bonaerense, son 19 los intendentes que ya consiguiron aprobación para cobrar tasas viales sobre el combustible destinadas formalmente, en la totalidad de los casos, al mantenimiento de las calles. Las alícuotas van del 1,5% al 2,5% del precio del litro de combustible o incluso un monto fijo. En Mar del Plata, por ejemplo, es del 1,86% y comenzó a cobrarse en febrero.
En Rosario, la tasa es del 1,6%. Entró en vigencia el viernes 5 de abril pasado gracias a su controvertida aprobación en el Concejo Municipal, donde obtuvo 15 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
“Hemos notado cierta proliferación de varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas a través del ticket de combustible», señaló Adorni. Para el vocero, se trata de un «abuso» que «tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”, cuestionó el vocero. No precisó, sin embargo, cuáles son las acciones que el Gobierno nacional tienen bajo estudio para bajar esos gravámenes.
Todos cobran
El precio de los combustibles es clave para la inflación, porque incide en transporte de pasajeros y fletes, con lo que impacta en todos los productos y servicios. El oficialismo nacional, ante la profundización del cuadro recesivo derivado de sus medidas, apuesta a conseguir, al menos, un indicador positivo sobre la inflación, que también catapultó con la devaluación decidida apenas comenzó la gestión. Así, el Ministerio de Economía decidió la semana pasada diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles, inicialmente prevista para el Día del Trabajador. No se aplicará hasta el 1° de junio, comunicó. Se refiere al incremento que acompasa la inflación correspondiente al cuarto trimetre de 2023, que la administración de Alberto Fernández no efectivizó al igual que en los anteriores períodos. La decisión comprende al Impuesto sobre los Combustibles y el del Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
Se calculaba que con ese reajuste los precios en los surtidores iban a remarcarse alrededor del 7,3%. Igual, subieron este miércoles en torno a un 4% que las petroleras justificaron en la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo.
En la Argentina, el precio de los combustibles en el surtidor tiene, al margen de las rentabilidades en la cadena de valor, un componente impositivo que promedia el 44% según un trabajo realizado en noviembre pasado por Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Durante el Gobierno del Frente de Todos, se redujo al 28,6% porque el presidente Alberto Fernández decidió no actualizar varios de esos tributos, un retraso que la gestión de Milei comenzó a recomponer retroactivamente. Además, influyen el IVA, que representa el 15,6%, el impuesto al cheque, con 0,7%, y el de Ingresos Brutos que cobran las provincias, con el 2,1%. En cuanto a los que se pretende reajustar, el impuesto al dióxido de carbono representa el 0,6% del valor total y el de los combustibles líquidos, el 9,6%.
Los manotazos locales
El escenario político y económico abierto el 10 de diciembre, con recortes nacionales de fondos a provincias y, por encadenamiento, a los municipios y comunas, hizo que estas últimas comenzaran a diseñar formas de compensar la caída de remesas, agudizada por recaudaciones desplomadas por la recesión. La tasa vial a los combustibles es la que ahora de nuevo está bajo la lupa. En Rosario, la decisión generó rechazo de la oposición local pero también de los estacioneros, que se quejaron por el perjuicio: muchos automovilistas, especularon, terminan cargando en surtidores de localidades cercanas que no cobran el tributo.
En la provincia de Buenos Aires, el recurso se extiende también. Los municipios de Merlo, Pilar y Moreno encabezan el ranking. En el distrito que conduce el intendente peronista Gustavo Menéndez rige una alícuota del 2,50% para los combustibles líquidos y sube a un 4,50% para el GNC. Federico Achával, en Pilar, decidió lo mismo y por valores similares.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, consiguió que el Concejo Deliberante le aprobara un 2%. En La Matanza, el porcentaje es de un 1,5% para naftas y gasoil y de un 1% para GNC. Y en José C. Paz, el intendente Mario Ishii estableció el 1% para todos, pero siguen los ejemplos.
