El gobierno nacional actualizó este viernes los montos del Fondo Partidario Permanente. La medida, rubricada por la Dirección Nacional Electoral, establece un presupuesto total de $401.664.000 para el financiamiento de las fuerzas políticas en el marco de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El mecanismo de distribución mantiene el criterio establecido en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos vigente desde 2007. Según este esquema, el 20% del fondo ($129.652.897,77) se reparte en partes iguales entre todas las agrupaciones, mientras que el 80% restante ($518.611.591,07) se asigna proporcionalmente según los resultados obtenidos en los últimos comicios para diputados nacionales. Quedan excluidas aquellas fuerzas que no hayan alcanzado al menos el 1% de los votos válidos, así como aquellas afectadas por resoluciones judiciales que suspendan su derecho a estos aportes.
El sistema contempla además una distribución interna dentro de cada partido: el 80% de lo asignado corresponde a las estructuras distritales y el 20% a los organismos nacionales. Sin embargo, estos montos sufren importantes deducciones antes de llegar a sus destinatarios. Un 20% ($80.332.800) se deriva a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para gastos no electorales, según lo establecido en la Ley 26.215. Otra retención del 7% ($22.493.184) está destinada al sostenimiento del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, conforme a modificaciones introducidas en 1973.
Paralelamente, el fondo recibe incrementos adicionales por $208.187.107,72 según disposiciones del Código Electoral Nacional y otras normativas complementarias. Este complejo sistema de asignación, que combina redistribuciones, recortes y complementos, sigue generando debates sobre la transparencia en el uso de estos recursos públicos, particularmente en un año marcado por la contienda electoral y los desafíos económicos.
La publicación de estos montos reaviva la discusión sobre el mecanismo de financiamiento político, en un contexto donde diversos sectores cuestionan la proporcionalidad de estos gastos frente a otras necesidades sociales prioritarias. Mientras los partidos se preparan para la campaña electoral, el sistema continúa operando bajo las reglas establecidas hace casi dos décadas, con ajustes técnicos pero sin modificaciones sustanciales a su estructura original.
