Este domingo quienes ejercen el trabajo sexual obtuvieron un reconocimiento histórico: por primera vez fueron incluidas en un registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El relevamiento pretendía conocer el estado de situación para elaborar políticas públicas para los sectores informales de la economía. En ese grupo están las trabajadoras sexuales que no son reconocidas y no tienen derechos como obra social y aportes jubilatorios. Por eso, la noticia de la inclusión en el registro se viralizó en minutos. En 5 horas se inscribieron 800 personas que ejercen la prostitución. Pero lo que se consideró como un reconocimiento de la actividad desapareció el mismo domingo cuando el registro fue dado de baja. Al volver a hacerlo público, el trabajo sexual ya no era una de las opciones a marcar. Detrás de la decisión estuvo la presión de sectores abolicionistas. La única cara visible (porque no hubo comunicación oficial de ningún ministerio) fue la de Gustavo Vera, vinculado al opus dei e integrante del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas. La marcha atrás generó malestar en amplios sectores de los feminismos. Desde Ammar, el sindicato que representa a 6 mil trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país, enviaron una carta pública al ministro Daniel Arroyo que en menos de un día tuvo 4 mil firmas. Ahora, el gobierno Nacional anunció que creará una mesa de diálogo con representación de cinco ministerios y de organizaciones sociales, entre ellas, Ammar.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron que dado el debate generado con la categoría “trabajo sexual” escucharon distintas opiniones y decidieron armar una mesa de trabajo con cinco ministerios. “Convocaremos a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas”, dijeron.
El Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) había sido lanzado el jueves pasado por el ministro Daniel Arroyo como una herramienta que permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. Recién el domingo se viralizó la noticia de que, por primera vez, el trabajo sexual estaba incluido.
“No me entra tanta felicidad en el cuerpo, las abrazo a la distancia a mis compañerxs y a todas nuestras alianzas que supimos construir y sostener en el tiempo. Quien nunca estuvo clandestinx, ni tuvo que mentir ocultando su trabajo, ni inscribirse bajo figuras engañosas para acceder a una obra social capaz no lo entienda pero saben lo importante que es para quienes no tenemos derechos que en un registro nacional de Trabajadorxs de la economía popular nos podamos inscribir con el verdadero trabajo que realizamos, que el Estado comience a saber cuántas somos y crear políticas públicas para nuestro sector”, dijo la secretaria General de Ammar, Georgina Orellano, apenas se conoció la noticia.
El reconocimiento llegaba además en el contexto de crisis que generó la pandemia de coronavirus para quienes ejercen el trabajo sexual. Sin poder trabajar, los últimos tres meses han sido muy difíciles para las putas porque no pueden generar ingresos y, al no tener reconocimiento, no pueden acceder a políticas públicas. Desde Ammar, apenas empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio iniciaron una tarea titánica de asistencia alimentaria y económica a 5 mil personas en todo el país, a través de un Fondo de Emergencia que recibe donaciones. Además, desde el gremio impiden desalojos, dan asesoría legal y ayudan a tramitar el DNI de mujeres y trans migrantes.
Pero la alegría duró poco. Como pasó cuando en febrero salió el tema “Puta” de Jimena Barón, el reconocimiento del trabajo sexual en el registro dividió otra vez las aguas de los feminismos entre quienes apoyan la despenalización y regulación y quienes dicen que debe ser abolido porque no es un trabajo. Y fue la voz de un hombre vinculado a los sectores de la jerarquía de la Iglesia quien dio la respuesta. “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”, dijo Gustavo Vera.
La abogada feminista Ileana Arduino reflexionó sobre el tema: “¿Cómo debería registrarse una trabajadora sexual para ser reconocida como trabajadora de la economía informal? ¿Como desempleada, aunque ella se reconozca trabajadora? El presidente del Comité de Trata, según su twitter, fue el artífice. Ahí un macho clerical decidiendo por las trabajadoras sexuales. Eso debería provocar escándalo en el feminismo institucional, estatal y en la sociedad civil. Después cuando decís que hay alianzas feministas con sectores recalcitrantes te miran como si hablaras de ovnis. Si hay algo que hoy empuja un poco más a la clandestinidad a las trabajadoras sexuales es haberlas borrado de la posibilidad de registrarse para acceder a paliativos. Calladitas para ellas está bien, ¿no es que no nos callamos más? ¿Si alguien contempla la necesidad de otra forma de registro, por qué no lo gestiona? Pero siempre queda a mano chicanear diciendo que las fiolas son ellas”.
Desde Ammar el lunes enviaron una carta pública a Daniel Arroyo, que en menos de 24 horas tuvo 4 mil firmas. “Por primera vez, tuvimos la posibilidad de ser parte de una política pública que nos permite acceder a derechos en un contexto de extrema precarización para nuestro sector. En la situación de contingencia que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19 no podemos trabajar y tampoco tenemos posibilidad de acceder a los planes estatales porque no estamos registradxs. Muchxs vivimos en hoteles de familia pagando alquileres exagerados que oscilan entre los 8.000 y 30.000 pesos y hemos estado en constante riesgo de desalojo. En los hoteles de familia compartimos baño, cocina y en muchos casos estamos hacinadxs”, dijeron.
Además, recordaron que en 2005 el presidente Néstor Kirchner reconoció sus derechos en el decreto 1086/2005 que buscaba terminar con la discriminación en la Argentina y, entre otras cosas, decía: “Promover la sanción de una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social”. En el marco de ese dercreto se aprobó el Plan Nacional Contra la Discriminación en La Argentina que sentó las bases para la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género. “Si bien reconoció expresamente a las trabajadoras sexuales, la deuda sigue pendiente después de 15 años de su firma”, dijeron en la carta.
Además, citaron definiciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomiendan a los estados avanzar en derechos para las y los trabajadores sexuales.
“Lxs trabajadorxs sexuales somos un sector precarizado, excluido socialmente y estigmatizado. Al no estar reconocidas como trabajadoras ejercemos en la clandestinidad y nos enfrentamos constantemente a situaciones de violencia institucional. En 17 provincias argentinas todavía están vigentes artículos contravencionales que contemplan arresto de hasta 30 días para las Trabajadoras sexuales que ejercemos en la vía pública. Reclamamos que se nos garantice la posibilidad y el derecho a registrarnos como trabajadorxs. El 76% somos madres, tenemos entre 1 y 7 hijos y somos el sostén de nuestros hogares. Al ejercer clandestinamente ni nosotras ni nuestros hijos tenemos garantizados derechos básicos como una obra social. Ser parte del ReNaTEP nos daba esa posibilidad”, agregaron.
“El trabajo sexual no es un delito en nuestro país. Las personas trabajadoras sexuales somos sujetas de derecho y como tales exigimos que se respete nuestra decisión de elegir nuestro propio proyecto de vida, nuestro derecho al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de la población trabajadora, o algo tan simple como nuestro derecho a una vida digna”, concluyeron.
