El gobierno de Santa Fe desechó la existencia de “bandas policiales” en la provincia y circunscribió a “casos puntuales” los de casi 90 efectivos involucrados en pocos días en distintos hechos presuntamente ilícitos, entre los que se destaca la imputación de un ex jefe de la fuerza por asociación ilícita y defraudación al Estado.
“No estamos hablando de bandas policiales, sí hay hechos puntuales”, dijo el secretario de Control del Ministerio de Seguridad, David Reniero.
Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, desde diciembre de 2015 –cuando se inició la gestión del gobernador Miguel Lifschitz– se instruyeron 2.870 sumarios internos a policías, de los cuales 700 están en situación de disponibilidad y 130 en proceso de destitución.
“La cantidad de sumarios es normal en relación con la cantidad de efectivos. Tenemos 23 mil policías; que más del diez por ciento esté sumariado suena a mucho, pero de todos esos sumarios hay algunos que terminan en la nada porque son faltas leves”, explicó el funcionario.
En esa línea, insistió: “No estamos hablando de bandas policiales, sino que puntualmente han intervenido en robos y otros acordaron con un puntero de un quiosco de drogas”.
El secretario de Control valoró que “hay muchas denuncias internas” que permiten avanzar en sanciones y dijo que, si no fuera por esos avisos, desde la propia Policía “sería muy difícil conocerlas”.
Reniero detalló que la mayoría de las faltas “en la faz administrativa tienen que ver con incumplimiento de deberes, casos de supuesta corrupción por mala administración de recursos del Estado, y hay bastantes casos de violencia de género interfuerza”.
En las últimas tres semanas, casi un centenar de funcionarios policiales fueron detenidos e imputados o quedaron involucrados en presuntos hechos ilícitos, entre ellos el ex jefe de la Policía de Santa Fe Raúl Grau.
Grau comandó la fuerza hasta marzo de 2016, cuando pasó a retiro, y esta semana fue imputado junto con otros dos altos jefes policiales –uno de ellos en actividad como “habilitado” de la Jefatura provincial– y cinco civiles como integrante de una asociación ilícita que defraudó al Estado con falsas reparaciones de patrulleros.
La investigación que dirige el fiscal Roberto Apullán se inició el miércoles 4 de mayo de 2016 a raíz de una presentación realizada por el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, en la que indicó que recibió un sobre cerrado con una denuncia anónima referida al tema.
El fiscal investigó 16 casos de compras de repuestos o reparaciones de vehículos policiales que, según peritajes de Gendarmería, no eran realizados pero sí facturados a los talleres escogidos, y cuya defraudación trepa a 96.000 pesos.
Paralelamente, la fiscal santafesina María Laura Martí investiga a 40 uniformados por presuntas irregularidades en la administración de horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria) y esta semana suspendió por “superposiciones con otras causas” la audiencia en la que los iba a imputar formalmente. El caso también se inició a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad.
En Rosario, en tanto, 27 policías fueron arrestados el 4 de septiembre e indagados por un juez federal por su presunta participación en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, un joven bonaerense, en 2014, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná.
Otros 18 efectivos policiales fueron imputados por homicidio calificado –uno como autor y los otros 17 como presuntos encubridores– por el asesinato de dos jóvenes, David Campos y Emanuel Medina, en la zona sur tras una persecución.
Tras la seguidilla de detenciones policiales, Pullaro dijo: “Cuando detectamos algún caso que pueda haber o que presume corrupción institucional la decisión es ir hasta el hueso”. Y de inmediato destacó: “Aquí no se cubre a nadie y que caiga quien tenga que caer”.
El ministro de Gobierno, Pablo Farías, también reaccionó ante los numerosos arrestos y acusaciones contra policías, al pedir “cautela” a los fiscales por las imputaciones masivas para evitar que la fuerza sea “estigmatizada en su conjunto”. En el mismo sentido, el gobernador Lifschitz pidió “celeridad” a la Justicia en los procesos contra uniformados, algo en lo que coincidió el propio presidente de la Corte Suprema, Daniel Erbetta.
