«El Gobierno puede hacer las negociaciones que quiera, los que no pueden negociar son los jueces». Con esa frase rechazó el juez camarista Ricardo Recondo a la supuestas «negociaciones» entabladas entre funcionarios nacionales y algunos jueces y fiscales.
«Un juez, que tiene una responsabilidad y un poder grande, tiene que tener conciencia de los efectos de los fallos que está dictando. Pero esto no tiene nada que ver con negociaciones. Esto es escandaloso y una inmoralidad y si es cierto, lo condenaremos en su momento, porque esto también es algo indemostrable», señaló el presidente de la Asociación de Magistrados en diálogo con radio Mitre.
Recondo se despachó así tras la divulgación de presunto contactos entre jueces y miembros del Poder Ejecutivo, donde se habrían gestado intercambios de favores. Sin embargo, el Gobierno nacional ya se ocupó de desmentir esa información. «Es una tontería», dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apuntó contra «un grupo chico» de funcionarios judiciales que «se destaca por querer jugar a la política y tratar de gobernar cuando no les corresponde».
Según Aníbal, estos personajes deben «ser mencionados tantas veces como sea posible, y que la sociedad conozca quiénes son los que interfieren en el normal desenvolvimiento de la República».
«Lo importante es que estas personas vuelvan a su cauce y se dediquen a lo que tienen que dedicarse, pero que no se mezcla una cosa con la otra», les encomendó el jefe de ministros a los deslizaron comentarios sobre esas reuniones.
En este marco, el juez Recondo dijo no estar sorprendido por los posibles contactos informales y lamentó que no poder controlarlas «es una deuda de la Justicia con la sociedad».
En la Argentina la única manera de «conseguir que la Justicia sea creíble, será cuando los jueces sean profesionales y actúen aplicando la ley, no importa quién esté en el Gobierno», subrayó.
«La inmensa mayoría son jueces que trabajan en silencio y nadie sabe lo que hace, y garantizo que esos no negocian nada. El problema acá es la generalización», agregó.
Para Recondo, hay «supuestos de mala praxis judicial» que son difíciles de comprobar. «¿Cómo demuestra que el cajoneo (de causas) es producto del arreglo o el juez verdaderamente está atrasado?», se preguntó y concluyó: «La denuncia tiene que tener fundamentos, no la vamos a hacer solo por una noticia que salió en los diarios».
El vicepresidente de la entidad, Alejandro Sudera, aseguró que «no serían negociaciones políticas» las llevadas a cabo, sino actos de corrupción. «Adoptar cierto tenor procesal a cambio de un cierto beneficio es corrupción», consideró el Nº 2 de la agrupación de magistrados en conversación con radio La Red.
