Los legisladores porteños iniciaron la interpelación al ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, por la represión ocurrida dentro de los terrenos del hospital Borda.
El funcionario porteño describió en la Legislatura que alrededor de las 7 de la mañana concurrió al taller de rehabilitación del nosocomio el personal del Gobierno de la Ciudad junto con dos empresas, una contratada para demoler el taller y otra para construir un cerco perimetral. Pero dijo que «a las 9 de la mañana intentaron personas ingresar al hospital y fueron agredidos dos personas de seguridad privada. Por ello concurrió más personal de la Policía Metropolitana».
El ministro de Justicia y Seguridad buscó dejar entrever que existen intereses políticos atrás de la negativa de trabajadores del hospital nucleados en ATE a la destrucción del taller, como en oposiciones anteriores del subte, la Sala Alberdi, el Teatro Colón. Al respecto, argumentó que «todos fueron realizados con amparos judiciales donde finalmente se le dio la razón al Gobierno de la Cuidad».
El encargado de la seguridad en la Ciudad explicó que se analizará el accionar de los funcionarios públicos e indagará si hubo «excesos». «Estamos recabando información propia y la de los canales de televisión para iniciar la auditoría externa policial, como se hace en todas las actividades que realiza la Policía Metropolitana». «Va a ser investigado el accionar policial para ver si hubo responsabilidad, pero todos tenemos responsabilidad en bajar la violencia», dijo.
«Una vez que se realizan estos dos trabajos, comienzan disturbios. El personal policial es agredido en distintas circunstancias», comentó Montenegro. Por lo que se defendió con que «el límite que nosotros planteamos como Gobierno es nada menos que el respeto a la ley. Ayer se defendió la legalidad».
Sin embargo, «no hubo ningún fallo a favor de la construcción de este Centro Cívico. Por ello, aplicó ayer dos multas por haberse obrado cuando las medidas cautelares seguían vigentes al momento en que se derribó el taller. Fueron aplicadas a dos funcionarios de la Ciudad por $ 60.000 en total», criticó el diputado Juan Cabandié.
La convocatoria al recinto busca que Montenegro dé explicaciones ante los diputados del operativo desplegado por la Policía Metropolitana que provocó heridas a 36 personas, entre trabajadores, médicos, legisladores y periodistas.
La legisladora Claudia Neira afirmó que «Montenegro debe responder por la represión indiscriminada y criminal de la Policía Metropolitana, comportamiento harto habitual de esta fuerza».
«Vamos al recinto a que Montenegro trate de justificar lo inexplicable y su teoría de los dos demonios», dijo la legisladora de Proyecto Sur Virgina González Gass.
Por su parte, el diputado Aníbal Ibarra sostuvo que «es mentira» lo dicho por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, acerca de «tenían el permiso judicial para avanzar sobre las instalaciones del taller protegido del Borda».
«Es más, la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires anoche dijo que el procedimiento fue ilegal», precisó.
