El gobierno nacional oficializó este viernes la designación de María Laura Garrigós de Rébori como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en tanto que el presidente Alberto Fernández ponderó su «vasta experiencia» para hacerse cargo del problema carcelario, al que definió como «una vieja deuda de la democracia».
«He designado a @marialgarrigos, una mujer de vasta experiencia en la Justicia penal, como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. Tenemos la obligación de hacernos cargo del problema carcelario, una vieja deuda de la democracia», publicó este jueves a la medianoche el presidente en su cuenta de Twitter.
La oficialización de la intervención del SPF -por 180 días- fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, a través del Decreto 539/2020 que firman el jefe de Estado; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
«Desígnase, con carácter “ad honórem”, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia a la doctora María Laura Garrigós, quien ejercerá, asimismo, la función de titular de la intervención», dice el artículo 2 del decreto.
Garrigós fue puesta en funciones por la ministra Losardo, quien afirmó -en su cuenta de Twitter-: «Trabajaremos estrechamente en los objetivos del gobierno en materia carcelaria».
«No sólo está capacitada y apta académicamente, sino que en su carrera judicial conoció muy bien el derecho penal y el Servicio Penitenciario», resaltó Losardo sobre la flamante funcionaria, quien «se retiró, estaba jubilada y deja una vida plácida para asumir este desafío».
La ministra dijo que el desafío de esta etapa es «cambiar de una vez y para siempre el Servicio Penitenciario, algo que nos preocupa y el presidente siempre lo tuvo en agenda».
Garrigós de Rébori construyó una carrera relevante en el Derecho Penal a lo largo de 40 años ocupando distintas funciones en el Poder Judicial, en la docencia universitaria y en las asociaciones de abogados; y fue fundadora y titular de Justicia Legítima.
Desde esa agrupación destacaron su designación y resaltaron que los «sobrados méritos» de la ex jueza «auguran una gestión exitosa, atravesada por el paradigma de los derechos humanos y el resguardo del Estado de derecho”.
Este viernes, al ser entrevistada en varias radios, Garrigós de Rébori aseveró que el presidente le dio «total libertad» y le aseguró que cuenta «con todos los medios posibles para avanzar en una mejora del servicio penitenciario, para traerlo al siglo XXI».
«El Poder Judicial va a contar en mí con una persona que no solamente está abierta al diálogo y a todos los requerimientos, sino con alguien que entiende de lo que están hablando, cuáles son sus urgencias y necesidades», indicó y agregó: «Lo primero que hay que hacer es establecer una vía de comunicación por vía directa que sea rápida».
Entre algunas de las medidas que proyecta llevar adelante, Garrigós anticipó que buscará «solucionar problemas de falta de capacitación, ya que los internos que se capacitan estando detenidos no reinciden».
«El Estado no puede desperdiciar el tiempo que quita de la vida de esas personas sin darles nuevas herramientas para que no vuelvan a tener que delinquir, ya que en algunos casos lo hacen no encuentran otra salida», aseguró.
Además, la interventora destacó que le garantizará al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, «toda la colaboración que requiera», en el marco de la causa en la que se investigan supuestas escuchas ilegales por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
«Lo primero que vamos a hacer es garantizarle al doctor Villena que cuenta con la colaboración del Servicio Penitenciario para absolutamente todo lo que requiera», sostuvo la flamante interventora en diálogo con El Destape Radio.
«Lo que vamos a hacer es habilitar una vía rápida para que, en el momento en que el juez necesite algo, lo tenga inmediatamente. Esto es lo que corresponde administrativamente hacer», afirmó.
Villena investiga maniobras de espionaje ilegal en distintas formas ocurridas durante el gobierno de Cambiemos y que tuvieron como víctimas a dirigentes políticos de todos los sectores, referentes religiosos, sociales y sindicales y periodistas.
La investigación incluye también presuntas escuchas que se habrían realizado sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, que esta semana fue allanado por orden del magistrado de Lomas.
La intervención del SPF había sido anticipada esta semana por el presidente Fernández, durante una entrevista con Radio 10, en la que manifestó su «enorme preocupación» por la causa del presunto espionaje ilegal.
«Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer» con las denuncias, dijo Fernández en ese reportaje, en el que sostuvo que el servicio se intervendría para que «estas cosas nunca más ocurran».
