El Gobierno permitirá que Ricardo Echegaray asuma la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), a condición de que el ex titular de la Afip deje el cargo en caso de que resulte procesado en alguna causa abierta en su contra, según consta en la resolución que firmarán la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
Según confirmaron fuentes oficiales, Michetti y Monzó oficializarán entre esta tarde y mañana la designación formal de Echegaray, luego de que el elegido por el Frente para la Victoria al frente de la AGN haya accedido a firmar una declaración jurada en la que asegura no tener procesos penales pendientes.
En la resolución, que firmarán los presidentes de las cámaras parlamentarias, se incluye explícitamente que se revocará la designación de Echegaray en caso de que la Justicia determine su procesamiento en alguna causa abierta contra él.
Tras el tironeo de varias semanas, cuando el gobierno de Cambiemos intentó demorar lo máximo posible su designación luego de que el kirchnerismo lo eligiera para la AGN (tiene la potestad por ser la bancada opositora con mayor cantidad de miembros), Echegaray aceptó firmar una declaración jurada en la que asegura no tener procesos penales pendientes, además de cumplimentar la entrega de toda la documentación requerida.
«No tenemos más motivos para demorar su nombramiento», admitían a Télam desde la cúpula de Cambiemos, por lo cual se dio vía libre a la firma de la resolución.
Uno de los argumentos esgrimidos eran las causas judiciales contra Echegaray, quien «demostró que son todas denuncias sin procesamiento», por lo cual está habilitado para presidir la AGN.
La semana pasada, Télam anticipó que Michetti y Monzó, con el visto bueno del presidente Mauricio Macri, estaban dispuestos a convocar a audiencias públicas para exponer a Echegaray por la falta de entrega de la documentación requerida para asumir en la Auditoría General, ante las presiones del ex titular de la Afip para asumir el rol que le encomendó el FpV.
En la respuesta a la carta documento enviada por el PJ a fines de diciembre pasado a Michetti y Monzó, los presidentes de las dos cámaras del Parlamento exigieron por escrito «en forma urgente» a Echegaray que presente «la documentación por medio de la cual acredite no encontrarse inhibido, ni en estado de quiebra, ni concursado civilmente, ni poseer procesos judiciales pendientes, es decir, que cumplimenta acabadamente lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Nº 24.156».
«En el caso de poseer cualquier tipo de proceso judicial pendiente deberá presentar un certificado judicial por cada una de las causas donde conste el carácter de su participación en la misma y su situación procesal», continúa el pedido, que citaba en sus considerandos las impugnaciones presentadas por las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.
