El secretario de Justicia, Julián Álvarez, denunció ayer por mal desempeño al juez federal Claudio Bonadío ante el Consejo de la Magistratura, acusándolo de “extorsión” en el manejo de las causas contra funcionarios del gobierno, puntualmente la presidenta Cristina Kirchner, y pidió su suspensión y juicio político.
Álvarez consideró ante el Consejo que es “una cuestión de urgencia” el tratamiento de esta causa, que se suma a otras nueve que tiene el juez en contra en el organismo, en medio de la polémica por su orden para allanar la firma Hotesur –de la que es accionista la presidenta Kirchner–, que administra el hotel Alto Calafate.
“Yo quiero ser tajante: este gobierno no persigue a los jueces”, afirmó el viceministro de Justicia y señaló que en la actualidad “de lo que se está hablando es de una persecución de Bonadío al gobierno”.
En su denuncia, el representante del gobierno ante el Consejo de la Magistratura sostuvo que “el juez Bonadío utiliza las causas judiciales bajo su órbita “con el único fin de extorsionar a los consejeros en funciones y obstaculizar el normal impulso de sus procedimientos acusatorios”.
Solicitó al Consejo que tenga en consideración su denuncia “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, a la vez que pidió “a la Comisión de Disciplina y Acusación que disponga la apertura del procedimiento de remoción, ordene la suspensión” y en ese caso “formule la acusación correspondiente al Jurado de Enjuiciamiento”.
El funcionario explicó: “Estamos denunciando el accionar coercitivo de Claudio Bonadío”.
El juez pidió documentación en Afip de Cristina y sus hijos
El juez federal Claudio Bonadío pidió ayer a la Afip las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, así como del empresario Lázaro Báez por la causa en la que se investigan supuestas anomalías registrales y la falta de presentación de balances de la sociedad Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate.
Fuentes judiciales confirmaron que una delegación de la Policía Metropolitana se presentó ayer en la Afip con la orden para recabar la documentación impositiva de la presidenta, así como de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
El juez pidió también las declaraciones juradas del ex presidente Néstor Kirchner entre 2008 y octubre de 2010, cuando falleció, y las del empresario Báez, a partir del 2003 a la fecha.
La información fue solicitada por el juez en el mismo momento en que el oficialismo presentaba otra denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura por presunta “extorsión” y reclamaba su suspensión y juicio político por mal desempeño de sus funciones.
