Si bien el gobierno lo niega, la mayoría de los economistas considera que para bajar el déficit fiscal como prometió Mauricio Macri se deberá reducir el gasto público, porque con el crecimiento y el consiguiente incremento de la recaudación únicamente no alcanzará.
Uno de los principales interrogantes es determinar cuáles son los egresos en los que el Gobierno podría usar la tijera, si se tiene en cuenta que buena parte de los gastos son inelásticos y casi intocables, como los del sistema previsional y los salarios de empleados públicos.
El Poder Ejecutivo se propone cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal, por la cual el gasto corriente primario debería mantenerse constante en términos reales, para ir licuando el crecimiento del PBI y así cumplir las metas fiscales.
Para lograr el objetivo de déficit primario de 3,2% sobre el Producto Bruto en 2018 estará obligado a ajustar los rubros que no están indexados.
Según un análisis del Estudio Bein, si la economía creciera 3% el año que viene, alineado con las proyecciones del Gobierno, el gasto público debería bajar 4,5% en términos reales para cumplir con las metas fijadas.
Por su parte, un reporte de la consultora M&S (Melconian y Santángelo) aleta que salvo que venga un combate masivo contra la evasión es poco lo que se puede hacer por el lado de los ingresos, por lo que se deberá hacer algo con el gasto, que siguió creciendo entre 2016 y 2017.
El economista Rodolfo Santángelo alerta que sigue siendo un tema crítico el nivel de los subsidios, porque todavía en la Argentina mucha gente de ingresos medios «sigue pagando de luz y gas mucho menos que de celular y de cable».
Considera, además, que la Argentina se debe también una gran discusión en materia previsional, al que considera «quebrado», a lo que debe sumarse la relación Nación provincias, que se ha manejado los últimos diez años de manera muy desordenada.
Santángelo recomienda, además de recortar subsidios a los servicios públicos, reformar el sistema jubilatorio y poner en caja también a las provincias mediante la presión del gobierno nacional.
En la misma línea se pronuncian Miguel Angel Broda y José Luis Espert, quienes consideran que el «gradualismo» debe terminar en octubre, porque de ahí en más lo que corresponde es el shock.
En tanto, el director de Analytica, Rodrigo Álvarez, consideró que tras las elecciones legislativas habrá «correcciones y ajustes» por parte del Gobierno que tratará de reducir burocracia, reformar el mercado laboral, bajar el peso de las tarifas públicas y agilizar el mercado de capitales.
«Se ocupará de la proliferación de Ministerios, el Gobierno va hacia un equipo de trabajo un poco más compacto, lo que implica reducir burocracia, pero no es significativo, porque el grueso de gasto de personal es policías y maestros», entre otros, dijo Rodríguez en declaraciones a FM Milenium.
El economista sostuvo que «el segundo aspecto que se viene es una reforma de mercado laboral, un problema estructural muy grande en la Argentina que tiene seis millones de trabajadores registrados y cinco millones en negro».
«Creo que la Argentina tiene que atacar definitivamente este problema, generando alguna solución de tipo más estructural, que permita también adecuar los costos laborales a la competencia que se genera en la región», consideró.
No obstante, señaló que «obviamente, esto va a tener un conflicto político», porque al gremialismo «hay aspectos que no le sientan bien como la flexibilidad laboral».
Además, manifestó que «hay una necesidad de corregir el peso de las tarifas de los servicios públicos que es la dimensión que el Gobierno puede ajustar», pero aclaró que tiene que «hacerlo mejor que lo que hizo» en los momentos anteriores.
«Hay gastos que son difícilmente ajustables, como seguridad social, jubilaciones, pensiones, ahí no hay margen para corregir», precisó.
Dijo que «hay una reforma pendiente de tipo financiera: Argentina tiene que ir a un mercado de capitales un poco más activo».
«El modelo que está planteando el Gobierno requiere paciencia. Hay que entender que después de ocho años de acumulación de desequilibrios macroeconómicos, la soluciones no llegan de un día para otro», determinó.
