El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto del gobernador Miguel Lifschitz, dispuso la intervención de la comuna de Maciel, departamento San Jerónimo, y declaró caducos los mandatos de los miembros electos en los comicios realizados el 22 de octubre de 2017. «Dada la grave crisis institucional existente en la Comuna de Maciel, este Poder Ejecutivo considera que se encuentra subvertido el régimen comunal de dicha localidad, debiendo adoptar con urgencia las medidas necesarias para su respectiva corrección», expresa el decreto.
El Ejecutivo provincial designó a Mario Drovetta como comisionado interventor en la comuna, «quien desempeñará funciones con arreglo a lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Comunas Nº 2439, Ordenanzas Comunales y a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, al cual rendirá cuentas de su gestión».
La intervención dispuesta por el Ejecutivo provincial tendrá vigencia hasta la asunción de las autoridades electas en los próximos comicios. «Esta medida responde a las dificultades de índole institucional que viene atravesando la comuna de Maciel desde hace tiempo, lo cual impide su normal y regular funcionamiento», dijeron en el parte enviado a la prensa.
Esta es la segunda vez que la comuna sufre una intervención del gobierno provincial. La anterior fue en 2004.
El ahora ex presidente comunal Pedro Tobozo, asumió por el Frente Progresista tras las elecciones de 2017, y con el paso del tiempo quedó en minoría frente al resto de los integrantes de la comisión comunal, lo que derivó, entre otros problemas, en falta de pago al personal, con denuncias de Tobozo hacia el tesorero por «incumplimiento de los deberes de funcionario público». En el marco del conflicto, el presidente comunal también fue agredido sobre fines del año pasado y debió ser internado en un sanatorio de Rosario. Los empleados municipales están realizando una medida de fuerza por atraso en los pagos.
El decreto firmado por Lifschitz afirma que «no alcanza a verificarse la voluntad de los miembros de la comisión para normalizar la administración y el gobierno de la referida comuna, siendo ello sumamente perjudicial para toda la comunidad en tanto acarrea consecuencias disvaliosas de carácter social, institucional y económicas».
«Los propios miembros de la Comisión admiten que el funcionamiento de la comuna se encuentra enteramente paralizado por la falta de pago a los agentes comunales y a los proveedores, argumentándose que ello obedece, por un lado, a la falta de voluntad del tesorero para la suscripción de las órdenes de pago o transferencias bancarias correspondientes y, por otro, a la desconfianza en la autenticidad de la documentación respaldatoria de esas acreencias», agregaron.
