El gobierno provincial publicó el decreto 766/2020 por el cual se declara la emergencia en seguridad incluida en la Ley de Necesidad Pública sancionada el 31 de marzo por la Legislatura. A través del decreto se pone en marcha el Programa de Emergencia en Seguridad por el cual se podrán disponer de casi mil millones de pesos de aquí a fin de año.
El programa se financiará con un aporte de rentas generales de 500 millones de pesos y con aportes a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial por un monto de 475 millones.
Esos recursos forman parte de un paquete de decretos correspondientes a las áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad por tres mil millones en total.
El ministro de Economía, Walter Agosto, afirmó que los fondos “están constituidos en cada caso por mil millones de pesos y surgen de rentas generales”.
La emergencia en seguridad es uno de los seis capítulos en que se divide la Ley de Necesidad Pública. El decreto firmado por el gobernador Omar Perotti y los ministros Walter Agosto (Economía) y Marcelo Saín (Seguridad) aumenta las partidas destinadas a los rubros Construcciones, Maquinaria y Equipamiento y Equipos de Seguridad y al financiamiento de proyectos de seguridad comunitaria, que serán ejecutados directamente por el Ministerio de Seguridad.
El decreto 766 establece además que los recursos del Programa de Emergencia en Seguridad “no podrán ser destinados a la atención de erogaciones vinculadas a la retribución de servicios personales como salarios, becas, pasantías o contratos personales en cualquiera de sus tipificaciones”.
En los considerandos del decreto, el gobernador y sus ministros admiten que “en atención a la fuerte caída de la recaudación, tanto propia como de origen nacional, experimentada durante el primer semestre del año en curso y a la menor disponibilidad de financiamiento observada en el mercado local, la integración de dicho Programa (de Emergencia en Seguridad) se efectuará por un monto de 500 millones de pesos con recursos de Rentas Generales y con los aportes que realice la Agencia Provincial de Seguridad Vial”. En el artículo 36 de la Ley de Necesidad Pública, votada en el inicio de la pandemia del coronavirus, se establecía para ese programa un total de 1000 millones de pesos; al momento de ponerlo en marcha, el gobierno redujo ese monto a la mitad.
En el capítulo de la Ley de Necesidad dedicado a la seguridad pública se justifica la declaración del estado de emergencia para “atender y modernizar el sistema policial provincial, a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas, las violencias y las problemáticas criminales; en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.
Además, la ley aprobada a fines de marzo autoriza al Ministerio de Seguridad a “otorgar asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones caracterizadas fundadamente como críticas” y también a “afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, con la anuencia de las mismas y el consentimiento de los agentes, para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad”. Esas dos disposiciones, sin embargo, no fueron reglamentadas por el gobierno en el decreto 766.
El debate por la emergencia en seguridad –rechazada en diciembre de 2019 y sancionada en marzo de este año– estuvo atravesado por la ola de crímenes que azotó a Rosario en las primeas semanas del año.
La primera versión de la ley de emergencia tenía ocho capítulos, incluido el de seguridad pública. Ese proyecto enviado por Perotti a la Legislatura a poco de asumir fue rechazado por la mayoría del Frente Progresista que controla la Cámara de Diputados. Sin embargo, tres meses después, con la inseguridad, el aumento de los crímenes violentos y la pandemia del coronavirus como telón de fondo, las cámaras terminaron aprobando la Ley de Necesidad Pública por la cual se declara hasta fin de año el estado de emergencia en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en la provincia de Santa Fe.
