El gobierno de la provincia de Santa Fe será querellante de la causa que investiga el uso de fondos reservados de Asuntos Internos para pagar honorarios a los abogados defensores de los policías involucrados en el caso Franco Casco, ocurrido en el año 2014 en la ciudad de Rosario.
La denuncia fue llevada a cabo por el Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el 4 de agosto, ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariela Jiménez, y durante el día de ayer, el fiscal de Estado Rubén Weder solicitó al Ministerio Público de la Acusación que acepte la participación del Estado provincial como “parte querellante” durante el proceso.
El Ministro de Seguridad, por su parte, presentó pruebas y recursos necesarios para avanzar con la pesquisa, que involucra a la gestión del ex Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y su ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad David Reinero, y ahora Rubén Weder en calidad de “querellante”, solicitó el acceso al legajo para poder identificar a cada uno de los querellados para que los mismos sean debidamente imputados.
El 23 de diciembre el director provincial del Control Policial, Juan José Casagrande, solicitó un informe relacionado con los destinos de fondos asignados a la División Asuntos internos (hoy, conocida como Agencia de Control Policial) durante los cuatro años de gestión de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad. El día 2 de Enero del corriente, se recibió una respuesta al expediente presentado, en donde entre otros detalles, una de las líneas del documento dice “Partidas presupuestarias recibidas y destinadas al desarrollo y actividades de la Dirección Provincial de Asuntos Internos entre 2015 y 2019”.
Rubén Weder cita en el escrito de Fiscalía: “Con respecto a esta partida se debe tener en cuenta que el aumento en la misma a partir de octubre de 2017 y hasta septiembre de 2018, se debió a que la diferencia de la suma recibida por Asuntos Internos (78 mil pesos), era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial, que se encontraba involucrado en el caso Franco Casco de la ciudad de Rosario. Esto se dio a partir de una orden del secretario de Control”, señala el informe. En once meses, esa suma ronda el millón de pesos.
El Fiscal de Estado, dijo “que este tipo de delitos atentan contra el patrimonio del Estado y ponen la provincia de Santa Fe como la parte perjudicada”, por la presunción del “obrar de los encargados de disponer y administrar los caudales y fondos del erario público, que en este caso se investigan”.
Por otra parte el fiscal de Estado Rubén Weder, solicitó nombre y apellido de los imputados, el acceso a las actuaciones, y la identificación de cada uno de los querellados que mencionó el ministro de Seguridad Marcelo Sain en su denuncia, y que, de acuerdo al proceso, oportunamente, sean imputados. Ante esto, Weder, solicitó al Ministerio Público de la Acusación, la participación del Estado provincial como “querellante de la causa”.
En su denuncia, el actual Ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain, solicita la investigación en relación a “la utilización de fondos para el pago de honorarios profesionales de la defensa” de los policías y la “intervención de un funcionario político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia como defensor de agentes de Asuntos Internos imputados en la causa Casco”.
Según Marcelo Sain, este caso “tuvo el plus de gravedad político institucional al haber sido ordenada por la máxima jerarquía de la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad, que entonces ocupaba David Reniero”. Y se remitió al informe de Asuntos Internos que pide “tener en cuenta que el aumento” de los gastos reservados entre Octubre de 2017 y Septiembre de 2018 “se debió a que la diferencia de la suma recibida (78.000 pesos) era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta unidad que se encontraba involucrado en el caso Casco”. “Esto fue a partir de una orden del secretario de Control”, finalizó.
La denuncia detalla también que José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, abogados de los policías (que defendían a los cinco agentes acusados por la desaparición forzada y posterior homicidio de Franco Ezequiel Casco) son socios en el mismo estudio jurídico, y fueron funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, tanto durante la gestión de Raul Lamberto, como así también en la de Maximiliano Pullaro, ellos tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, no solo en la ya referida causa penal “Casco”, sino también en procesos penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes que operaban en la ciudad de Rosario y la región.
Además, Alcacer fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone (defensor de Alvarado), quien era en ese momento asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la provincia.
