El gobierno buscará derogar la actual Ley de Alquileres, debido a que «le hace mucho daño al mercado inmobiliario», anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni. En este marco, crece la incertidumbre acerca de qué sucederá con los contratos vigentes.
«Nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, seguramente haya novedades respecto a eso», especificó el portavoz en una nueva conferencia de prensa, en la que aseguró que «todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido».
El anuncio vuelve a enfatizar las propuestas del presidente Javier Milei en campaña, donde había anticipado la necesidad de modificar la reglamentación y establecer «un contrato entre las partes».
En este marco, se estima que los acuerdos se establezcan en base al Código Civil y Comercial vigente, dado que allí se tratan los contratos, obligaciones, derecho del daño y la vida comercial de las personas.
¿Y los contratos vigentes?
Tras la asunción del líder de La Libertad Avanza (LLA), crece la incertidumbre acerca de lo que ocurrirá en el sector inmobiliario. Especialmente, con los contratos que ya fueron firmados con la anterior reglamentación.
Esto mismo surgió con la última reforma aprobada en el Congreso, aunque en aquel momento aseguraron que hasta que no sea oficializada en el Boletín Oficial, los contratos seguirán sujetos a la ley sancionada en julio de 2020.
Además, el presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina, Enrique Abatti, explicó que «la ley no tiene efecto retroactivo, a menos que se especifique expresamente».
Es decir, los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso. Algo similar ocurrió cuando se sancionó la Ley de Alquileres en 2020, la cual estableció un plazo de tres años y ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación supervisado por el Banco Central.
