El gobierno nacional reactivó el Programa Buscar, que había sido interrumpido por la gestión de Mauricio Macri en 2018, y que permitió desde su creación en 2008 la captura de alrededor de 30 genocidas que se encontraban prófugos de la Justicia, mediante el ofrecimiento de recompensas.
«El Programa Buscar permitió también el hallazgo del nieto recuperado N°128, búsqueda realizada en el marco de la ley N° 26.538», dijo en una entrevista con Télam el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, del Ministerio de Seguridad, Jonatan Firun.
El nieto fue recuperado gracias a datos aportados en 2013, se llama Marcos, es oriundo de San Miguel de Tucumán e hijo de Rosario del Carmen Ramos, desaparecida en junio de 1976 por la última dictadura cívico-militar en esa provincia.
Firun sostuvo que «el programa está contemplado en la ley N° 23.375 que establece el pago de recompensas para quienes aporten datos útiles para casos de delitos cometidos en la última dictadura, abarcando además la sustitución de menores, y sustitución de identidad».
«Nosotros ingresamos a la gestión con un programa devastado y en la actualidad ya tenemos aproximadamente 20 búsquedas que ya hemos levantado. También tenemos otras en trámite y estamos incorporando las recompensas que estaban dadas de baja», detalló.
Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial dos búsquedas referidas a dos genocidas, uno de ellos un ex comisario de Baigorria, y ofreció a quienes tuvieran datos fehacientes que permitieran su captura recompensas de 500.000 pesos, poniendo la línea 134 a disposición.
Los nombres publicados fueron el del ex comisario Antonio Tuttolomondo, quien ocupó la máxima jerarquía en la seccional 24º de policía entre 1996 y 1998 y es acusado por la desaparición, torturas y delitos cometidos en la última dictadura, y el de Alejandro Vicente Michelutti, quien tiene orden de captura nacional e internacional desde el 30 de septiembre de 2019.
A Michelutti se lo busca por la «presunta comisión de delitos de lesa humanidad», entre ellos «19 hechos de privación abusiva de la libertad agravadas por mediar violencia y amenazas».
Además se lo acusa de haber protagonizado «21 hechos de tormento agravado y dos hechos de homicidio y violación», entre otros delitos, en una causa que se tramita en la provincia de Mendoza.
La decisión de reactivar el programa fue celebrada por el abogado Pablo Llonto, representante de víctimas de la última dictadura en varias causas.
En diálogo con Télam, el abogado consideró que «es muy buena la iniciativa de volver a darle impulso a la publicidad, y a las recompensas relacionadas con dar datos que permitan ubicar, y detener a los prófugos por delitos de lesa humanidad».
«Hoy, a diferencia de hace muchos años, cuando parecía que alcanzaba la publicación en los diarios, hay que multiplicar las vías de comunicación para que en el mundo se desparramen sus imágenes y sus nombres», dijo.
Llonto añadió que «en nuestros casos estamos buscando hace años a Juan Carlos Vázquez Sarmiento, un genocida de la Fuerza Aérea, a quien apodaban «El Colo», cuya captura está ordenada por el juez federal Daniel Rafecas».
«Hoy también se tendría que multiplicar la difusión de su rostro en la Argentina y en otros países para que se sepa que no se puede escapar de la Justicia», sostuvo.
Llonto evaluó que «el resultado de otras capturas de prófugos en estos 17 años ha sido buena, un buen trabajo sobre todo de la Policía Aeronáutica, pero quedan muchos por buscar y creo que esto, estimulado por la difusión, puede colaborar».
Para lograrlo, el letrado consideró que «el Estado tiene que instrumentar todas las vías posibles» y sugirió utilizar «las transmisiones deportivas, encontrando alguna manera con la AFA o con clubes que tienen departamentos de Derechos Humanos, para tener su apoyo en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia».
Mediante la ley 26.375, sancionada el 21 de mayo del 2008 y promulgada el 29 de mayo del mismo año, se creó el Fondo de Recompensas en jurisdicción del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Fondo fue destinado a abonar una compensación dineraria a personas que brindasen a la «Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia» (actual Programa Buscar), datos determinantes para la detención de las personas buscadas por estar involucradas en causas penales por delitos de lesa humanidad.
Firun agregó a esta agencia que varios años después de su creación, «en el año 2016 el programa fue transferido al Ministerio de Seguridad, y en 2017 se realizó la prórroga de las recompensas, por el plazo de doce meses».
«Así se logra la captura de cinco prófugos y se pagan las recompensas establecidas», enumeró.
«No obstante -continuó- en 2018, por decisión de la administración de Mauricio Macri, no se realizaron los actos administrativos para prorrogar los ofrecimientos de las recompensas, y esto dejó a todas las causas, sin una herramienta necesaria».
Por este motivo, «bajo la gestión del presidente Alberto Fernández, durante el inicio de este año, comenzamos a gestionar el restablecimiento de las mismas, teniendo a la fecha veinte recompensas vigentes».
