El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que con el fallo adoptado por la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició al Grupo Clarín «se confirmó lo que veníamos denunciando», y adelantó que el Gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete, «solicitará la nulidad del fallo ante la Corte» a través del recurso del per saltum.
«Mañana (viernes) se presentará el pedido de nulidad ante la Corte a través del per saltum», porque «este fallo es absolutamente arbitrario, con groseras autocontradicciones con el fin de prolongar una medida cautelar absurda», sostuvo Alak en declaraciones al programa 678.
El ministro de Justicia aseguró que «faltan pocos días para que se dicte sentencia de fondo, puede ser una semana, dos o tres, pero la aplicación de la ley es inexorable» y añadió que «hay una decisión política de desmonopolización, porque lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional».
Alak refirió que «se confirmó lo que veníamos denunciando, donde un sector de la Cámara Civil y Comercial pretendió con diversas maniobras procesales de extender una medida cautelar por Clarín, una cautelar eterna», y expresó que «los fallos de la Corte tienen que ser acatados por los tribunales inferiores».
Para el ministro, los jueces «no interpretan el espíritu de desmonopolización de la ley, al no convalidarla» y reiteró que «vamos a plantear la nulidad de este fallo de dos jueces, uno de los cuales, el doctor Francisco de las Carreras, está recusado penalmente por dádivas y cohecho, tuvo los beneficios de haber viajado a Miami y él mismo lo admitió ante el Consejo de la Magistratura».
Para Alak, «no se puede prolongar una medida cautelar en la cual que la Corte dice que fenece mañana (viernes)», y agregó que «encima otorga un plazo de un año y mantiene la cautelar, algo que tiene una nulidad intrínseca absoluta».
Además el ministro explicó que la Cámara «tuvo la voluntad de tomar la causa, cuando debe ser del Contencioso Administrativo, porque es una causa de derecho público, no del derecho privado».
Admitió que «puede aplicarse una medida cautelar con un decreto o un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) pero no por una ley del Congreso de la Nación, a pedido de un grupo económico y que ya lleva tres años».
«Hay un sector del país que no quiere desmonopolizar y tenemos que advertirlo con fuerza para impugnarlo, pero con esperanza», indicó Alak, y aclaró que «hemos respetado siempre la ley, todos los fallos judiciales, no usamos argucia».
Alak sostuvo que «no se trata de limitar la libertad de expresión, sino que es un tema patrimonial de un grupo, pero a nadie se le va a quitar la palabra» y manifestó que «es un grupo que tiene una proporción gigantesca en la comunicación argentina que debe reducir su participación a un 30 y pico por ciento, un porcentaje igualmente importante».
