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El gobierno registró un superávit fiscal en junio gracias a un recrudecimiento del ajuste

Por primera vez en el año la caída en los gastos superó el 30 por ciento. La recaudación cayó 14,8%. Volvieron a atrasarse los pagos a Cammesa.  Las universidades prácticamente no recibieron fondos. Si se hubiera pagado a Cammesa y a las universidades, el déficit sería de $ 700 mil millones

En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $ 488.569 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, que descendió a $ 238.189 millones después de saldar dichos compromisos (equivalentes a $ 250.380 millones).

El ajuste del gasto se acentuó con respecto a los meses anteriores, registrando una caída de 35,2% respecto al mismo mes del año anterior (en mayo había sido de -28,7%, en abril de -23,7% y en marzo -28,6%). A su vez,  s el peor registro del año en materia de ingresos, ya que se derrumbaron 14,8%, luego de la excepcionalidad de incremento real de mayo.

Al analizar con mayor detenimiento los números, se observa que los ingresos de junio alcanzaron $8,2 billones, principalmente impulsados por la recaudación de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Por el lado de los gastos, ascendieron a $7,7 billones. Es importante señalar que, si bien prácticamente todas las partidas de gasto disminuyen, el componente principal de la reducción del gasto en junio fueron las obras de infraestructura (-74,4%), jubilaciones (-17,8%) y subsidios (-74,2%).

Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró ingresos por un total de $8,2 billones, marcando el peor registro del año en este rubro con una caída de 14,8% ajustado por inflación. Este derrumbe se atribuye principalmente al desplome de recaudación del IVA y de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, pero también en el Impuesto a las Ganancias, dejado atrás el efecto positivo que en mayo produjo el vencimiento de las declaraciones juradas de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023.

Por su parte, se observa una reducción en los impuestos relacionados con las exportaciones. Las retenciones cayeron 43,7%, dejando atrás el efecto positivo que en los primeros meses del año había generado la devaluación sobre los ingresos asociados al comercio exterior.

El impuesto PAIS, que se encuentra dentro de «resto tributario», creció 282,7%. Este incremento se explica principalmente por la devaluación de la moneda, el aumento en la alícuota del impuesto PAIS y su ampliación en diciembre de 2023. El agrupamiento “resto tributario” es el único que crece significativamente en junio (76,1%) y constituyó 13,4% de los ingresos totales.

Este aumento permitió compensar en parte, los desplomes de los tributos ligados a la actividad económica. Los datos de la economía real muestran que la recesión continúa y se profundiza. Según el último dato disponible, en abril de este año la economía argentina registró una caída acumulada en 2024 de 4,2% interanual (INDEC). Entre los impuestos asociados a la actividad se encuentran el IVA (-20,1% real), Aportes y  contribuciones a la seguridad social (-9,5%), Ganancias (-15,8%), Derechos de Importación (-48,9%)1 e Impuestos Internos (-26,4%). En el caso del Impuesto a los Bienes Personales, la reducción se debió principalmente a una modificación normativa: ya no se cobra la percepción correspondiente a la compra de moneda extranjera. El Impuesto a los Débitos y Créditos (más conocido como Impuesto al Cheque, tuvo un
leve rebote de 1,6% explicado por la postergación de parte de los vencimientos de mayo de este impuesto al mes de junio.

Durante junio, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $7,7 billones, marcando un incremento nominal de 140,7%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de  5,2% una vez descontada la inflación.

Luego de 3 meses en que el ajuste se había ubicado entre 20 y 30 puntos, se retomó el nivel del primer bimestre, superando los 35 puntos. El derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente (por su peso sobre el total) a la licuación de los haberes de los jubilados, que caen 17,8% en términos reales, la prácticamente nula ejecución de obras por parte del nuevo gobierno (-74,4%), y, por último, los recortes en los subsidios (-74,2%). Casi todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos.

Dentro de los subsidios, aquellos destinados al transporte caen 48,9% interanual, por la eliminación del Fondo Compensador del Interior y por recortes en el AMBA, que impactaron sobre el precio del boleto, si bien en el caso de los colectivos se mantiene congelado desde febrero. En el sector energético la caída es más profunda: de 81,2%, impactando en las tarifas. Pero, fundamentalmente, no se realizaron pagos a CAMMESA durante el  es de junio. Si en los meses de abril y mayo, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos por un total de $1,46 billones (siendo $622 mil millones en abril y $844 mil millones en mayo), en el mes de junio sólo se desembolsaron $42 mil millones, reduciendo las transferencias en torno a $700 mil millones en este rubro  respecto al promedio abril-mayo. Es claro que el gobierno tomó la decisión de atrasar nuevamente los pagos  en esta partida, lo cual continúa generando conflicto con las generadoras.

Dentro de los gastos de capital, aquellos destinados a energía son los que menos caen (-54%) por la reanudación de la planta compresora en Tratayén luego del corte de gas producido a fines de mayo. En suma,  la ejecución de la obra pública fue prácticamente nula.

También cabe destacar que a las Universidades Nacionales prácticamente no se le transfirieron recursos durante junio, sufriendo una caída de 82% en términos nominales con respecto a un año atrás, que se profundiza a 95% si lo analizamos en términos reales. En este punto, cabe destacar que las Universidades en el mes de mayo habían recibido por las actividades “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docentes” y “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal docente y autoridades superiores”, un total de $76 mil millones y $131 mil millones, totalizando $206 mil millones. En junio, se devengaron $120 mil  millones y $204 mil millones, totalizando $324 mil millones, que sin embargo, no se pagaron en el mes de  junio.

A su vez, en “Otros programas”, que se recortaron 47% interanual, se incluyen diversas políticas para los sectores más vulnerables como la Tarjeta Alimentar, las transferencias a comedores comunitarios y merenderos, el ex programa “Potenciar Trabajo” y el programa Acompañar, entre otros, por lo cual es difícil discernir qué partidas sufrieron recortes. En este rubro se destinaron $497 mil millones en junio, que contrastan con los $708 mil millones pagados en mayo. Cabe destacar que en políticas alimentarias, en junio se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados, y el programa Hogar no tuvo cronograma de  pago durante junio.

Si en junio se hubiesen destinado los mismos recursos que en mayo a CAMMESA, las Universidades y otros programas sociales, sumarían $1,2 billones adicionales. En ese caso, el Gobierno no hubiera tenido superávit  sino déficit fiscal por $700.000 millones y un déficit financiero por $1 billón.

En lo que refiere a las provincias, las transferencias no automáticas se redujeron 72,2% en términos reales en  comparación con junio de 2023. Los principales componentes del recorte son producto de la decisión de discontinuar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), afectando de manera directa el salario de los docentes de todo el país, de la suspensión del pago a las provincias por las cajas previsionales no transferidas a la Nación, de recortes en comedores escolares y financiamiento para la universalización de la quinta hora en las primarias de todo el país. Hubo un leve repunte con respecto a mayo en otros rubros más discrecionales, quizás en el marco de las negociaciones con las provincias por la ley Bases y el “Pacto de Mayo” (de $3.500 millones a $17.400 millones).

Como se puede ver en el Gráfico 2, en el primer semestre de 2024, de cada $100 ajustados, $28,9 correspondieron a recortes en jubilaciones. El segundo lugar en relevancia lo ocupa la obra pública con $21,9. Le siguen los subsidios, que aportaron $16,2, gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $10,6 y prestaciones sociales con $9,7 entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.

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