El gobierno de Santa Fe dispuso el congelamiento por el término de 120 días de las tarifas de energía eléctrica y agua, ambos servicios a cargo de empresas estatales, en el marco de un paquete de medidas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio reglamentado por el gobierno nacional.
Además, el Ejecutivo santafesino facultó a los municipios y comunas a ejercer las funciones de control e inspección en materia de comercialización de bienes, incluyendo precios.
Los controles serán sobre hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas, supermercados mayoristas y demás establecimientos comerciales.
Los municipios y comunas pueden recibir denuncias, realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales, y labrar actas de infracción mediante inspectores autorizados al efecto.
Luego, están habilitados a formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de prueba y disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.
El 25% del monto que la autoridad provincial efectivamente perciba en concepto de multa será asignado al municipio o comuna, que emita el acta de infracción que justifique la aplicación de la sanción.
En cuanto a las tarifas de energía y agua, se mantendrá por 120 días corridos los cuadros tarifarios vigentes en el ámbito de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa).
De igual medida, se mantendrán por 120 días los valores de los peajes de la Autopista Santa Fe – Rosario y los consorcios de administración de los corredores viales provinciales.
El gobierno anunció también que continúa la suspensión del dictado de clases presenciales en los establecimientos de gestión oficial y privada de todos los niveles y modalidades.
Además, se prorroga por el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cierre al público de shoppings y la suspensión de la actividad de casinos y bingos que funcionen en el territorio provincial.
