El debate interno del paquete de reforma judicial que anunció la presidenta Cristina de Kirchner ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de marzo avanza en el gobierno aunque aún sin definiciones. Dos puntos, los más polémicos, se llevan hoy el centro de las discusiones. Ningún funcionario duda que la reforma más complicada es la que intenta limitar el alcance de las medidas cautelares.
Se sabe que el gobierno trabaja para terminar con lo que llaman la industria del amparo, pero las posibilidades de éxito son complicadas. De hecho, desde la oposición se llega a decir que no van a poder limitarlas.
Está claro que existe en el país un problema con la duración de las medidas cautelares. Para precisar que no pueden ser indefinidas no hace falta una nueva ley, sólo un control de la administración de Justicia.
Pero de ahí a recortar la posibilidad de obtener una cautelar o regular el sentido en que la Justicia la otorga (suspensivo o devolutivo, lo que cambia absolutamente el efecto) existe un largo trecho. Y el límite, temen hasta en el gobierno, lo pondrá la propia Corte Suprema.
El Estado ya se encuentra en una posición de poder predominante con relación a los particulares, lo fija la mera arquitectura jurídica, por lo que es difícil reducir el poder de defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades que violenten alguno de sus derechos. Para eso existen las cautelares en ese fuero.
El gobierno está convencido de que uno de sus mayores problemas es la intervención de la Justicia haciendo lugar a amparos de particulares y empresas frente a decisiones o leyes. De hecho, elevó esa situación al nivel de calificarla como una conspiración de la corporación judicial, como sucede con la ley de Medios.
Pesadilla
Pero la Corte, en respuesta a una ley de limitación a las cautelares, podría provocar una suerte de papelón jurídico al habilitar amparos en contra de la ley que limite las cautelares, una suerte de pesadilla legal en la que podría ingresar esta reforma si no existe un acuerdo de interpretación del tema con el máximo tribunal. El peligro existe diga lo que diga el texto del proyecto que se envíe al Congreso. “Van a colisión directa con la Corte”, se dice en la Justicia.
Para otros, el anuncio de Cristina de Kirchner forma parte de una estrategia deliberada para forzar a que el máximo tribunal se pronuncie.
Está claro que en el Congreso no habrá acuerdo sobre el tema. La experiencia de la era kirchnerista indica que los proyectos se aprueban tal y como son presentados sin modificar una coma. Así las cosas y con el mensaje lanzado por la presidenta, seguramente habrá un dictamen de mayoría, aprobado en los recintos, y otro de minoría. Inmediatamente después de la promulgación, será la Corte la que tenga la palabra sobre su constitucionalidad ante la primera presentación que seguramente aparecerá pronto.
“Lo que quiere hacer el gobierno es que la Corte se expida”, se asegura ya en el Congreso, aclarando que se confía en la existencia de una negociación previa con el tribunal.
Hay otro ámbito de la reforma judicial que ya se está negociando: la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias sobre los salarios judiciales. El tema no es menor en cuanto a volumen: en el caso de un juez, sin tomar en cuenta adicionales, la retención podría suponer un recorte de unos 15.000 pesos en el recibo de cada mes.
Hasta ahora se pensó en un nuevo proyecto, pero Julio Alak ya comenzó a plantear otro escenario: que la propia Corte Suprema debata modificar la acordada que limitó el alcance de la ley que en 1996 eliminó la exención de Ganancias para los salarios de jueces y funcionarios judiciales. Fue durante el gobierno de Carlos Menem cuando se sancionó también la derogación de la exención para los salarios de diputados y senadores.
Alak le pidió a la Corte que decida si se aplicará Ganancias “a los jueces (y funcionarios judiciales) que están en funciones o para los nuevos”. Fue toda una definición que, se sabe, ya se está negociando entre el Poder Ejecutivo y la Corte para evitar que una vez más se sancione una ley que luego el tribunal declare inaplicable como en aquel momento.
Una señal hacia ese camino la dio el radical Ricardo Gil Lavedra cuando afirmó que el Ministerio Público tiene la suficiente autonomía para dictar una acordada propia que obligue a sus miembros a pagar Ganancias. Puso así contra la pared a Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, que con su sola firma podría eliminar la exención a Ganancias al menos para los fiscales.
