El gobierno y la CGT acordaron avanzar en un paquete de compensaciones para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales por la inflación acumulada, a través de bonos y la exención del impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo de fin de año, a cambio de consensuar leyes impulsadas por el oficialismo sobre primer empleo y riesgos del trabajo. El entendimiento, que deberá traducirse en medidas para ser anunciadas en diez días, implicará por parte de la central obrera desactivar la amenaza de paro nacional y una garantía de paz social.
Los ejes del acuerdo, que adelantó esta semana este diario, quedaron expuestos en una reunión cumbre que mantuvieron los ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay; Trabajo, Jorge Triaca; Producción, Francisco Cabrera, e Interior, Rogelio Frigerio, con el triunvirato de líderes de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, junto a dirigentes de la “mesa chica” de la organización. La delegación de funcionarios se completó con el coordinador interministerial Mario Quintana. La charla, aunque incluyó algún momento de tensión, se desarrolló a lo largo de tres horas en la sede de la cartera laboral y fue considerada histórica por varios de los gremialistas.
En esencia, la administración de Mauricio Macri prometió instrumentar refuerzos para los sueldos de los estatales y las asignaciones de los jubilados y de los planes sociales, así como una sugerencia explícita al empresariado para negociar con cada gremio montos extra de fin de año orientados al recupero del poder adquisitivo perdido en los salarios que hubiesen sufrido impacto inflacionario por encima de los acuerdos alcanzados en paritarias. También dio por hecho que eximirá de Ganancias el medio aguinaldo.
El compromiso de la CGT –implícito en el acta firmada– es que con los bonos desalentará la reapertura formal de las paritarias. Ese proceso, todavía incipiente, integra la agenda de la mayor parte de los sindicatos y en algunos casos ya fue planteado formalmente, como en la Asociación Bancaria (anteayer realizó asambleas y paros parciales en las entidades), el gremio del subte (Agtsyp) y el de los empleados de Ansés (Secasfpi), entre otros. Incluso la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como adelantó este diario, tiene previsto reclamar tres montos no remunerativos adicionales para el primer trimestre de 2017 para reforzar la suba de 33 por ciento pactada en mayo.
Pero también, según confiaron sus referentes, la central obrera prometió consensuar proyectos de ley que permanecen trabados en el Congreso y que el propio Macri levantó como prioridades, como el denominado de Primer Empleo. Esa iniciativa contempla exenciones y beneficios para la contratación de nuevo personal, aunque desde el peronismo y los sindicatos alertaron que evoca normas propias de la flexibilización laboral, y que alienta el reemplazo de trabajadores con antigüedad, experiencia y mayores sueldos por jóvenes. Hasta ahora la comisión de Legislación Laboral de Diputados, dominada por el PJ y legisladores de extracción gremial, frenó su avance. Además, los sindicalistas participarán en la definición de las futuras leyes de ART y de Ganancias.
La charla tuvo un momento de tensión cuando Pablo Moyano, número dos de Camioneros e hijo de Hugo, se corrió del protocolo y acusó a los funcionarios de “gobernar para los ricos”. Los participantes contaron que Frigerio recogió el guante: de modo tajante rechazó la imputación y dijo que, de ser así, renunciaría de inmediato a su cargo.
Fuera de ese episodio el encuentro discurrió en términos amigables. Los funcionarios dejaron por escrito que en diez días darán una respuesta. Para entonces, de haber un escenario favorable, se cree que el propio Macri dará a conocer el paquete de compensaciones.
