La pandemia del coronavirus y su impacto sobre el sistema de salud público logró en pocos días lo que no habían conseguido, en tres meses, los negociadores de la Casa Gris: que los diputados del Frente Progresista avancen en el estudio –y la posible sanción– de la Ley de Necesidad Pública por la cual se declaran hasta fin de año la emergencia social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad.
El gobierno provincial y el principal bloque opositor, los diputados del Frente Progresista, ya habían acercado posiciones durante la última semana. Incluso el titular de la Cámara baja, el ex gobernador Miguel Lifschitz, se había comprometido a acelerar los tiempos del debate para darle al Ejecutivo las herramientas que viene reclamando desde diciembre, o al menos una parte de ellas. La crisis desatada por el coronavirus precipitó las negociaciones a tal punto que este miércoles, desde la Casa Gris, se mostraban confiados de lograr esta misma semana la sanción definitiva de la ley. “Estamos más cerca que nunca”, confió un funcionario consultado por El Ciudadano.
A pesar de los avances, es casi seguro que este jueves no sesionarán las cámaras. En cambio, sí se reunirán los diputados que integran las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales para avanzar en la redacción del texto definitivo: un trabajoso equilibrio entre los 39 mil millones de pesos que reclama el gobierno y los 22 mil millones que habían contrapropuesto los senadores del Frente Progresista dos semanas atrás, cuando la Cámara alta le dio media sanción a la Ley de Necesidad Pública
En medio de las negociaciones, el gobernador Perotti se puso en contacto con su antecesor Lifschitz, por primera vez desde su asunción, para pedirle que interceda ante los integrantes del bloque mayoritario del Frente Progresista –que en diciembre mandaron al archivo el primer proyecto de emergencias– a favor de los reclamos del Ejecutivo.
El martes por la noche, Perotti lo llamó por teléfono a Lifschitz para pedirle “que apoye la sanción de la Ley de Necesidad Pública” ante la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus porque la provincia necesita “contar con la mayor capacidad de respuesta” por parte del Estado.
“El martes a la noche hablé con Miguel Lifschitz y le pedí que apoye la sanción de la Ley de Necesidad Pública porque en este momento necesitamos contar con la mejor capacidad de respuesta en todo el territorio santafesino”, comentó Perotti este miércoles, mientras los enviados de la Casa Gris y los diputados del PJ aceleraban las negociaciones con los legisladores del Frente Progresista.
Según el gobernador, “la instancia que hoy estamos atravesando hace más que necesaria la posibilidad de contar con la colaboración y acompañamiento” de la oposición. “Lo que se está viviendo, lo que se está planteando en los requerimientos que están surgiendo y en el despliegue para contar con la mejor capacidad de respuesta instalada, cualquier instancia de los números que podríamos haber planteado creo que son una anécdota. Seguramente los vamos a necesitar (a esos recursos) y en el transcurso del año vamos a tener que estar juntándonos para algunas evaluaciones adicionales”.
Al anochecer, en una conferencia de prensa en Rosario, el gobernador volvió sobre el tema y refirió que la autorización de endeudamiento que le está pidiendo a la Legislatura “va a quedar corta” debido al impacto de la recesión causada por la pandemia del coronavirus sobre la economía provincial.
Sin embargo, la reanudación del diálogo entre Perotti y Lifschitz no implica un acuerdo automático entre los legisladores de ambos sectores. Durante todo el miércoles se sucedieron reuniones en la Legislatura en busca de un punto de equilibrio y esas negociaciones continuarán este jueves. Fuentes del gobierno confían en que el viernes 20 sesionen las dos cámaras para darle sanción definitiva a la declaración de las emergencias.
Hasta ahora, las principales diferencias entre el PJ y el Frente Progresista son por el monto del endeudamiento: Perotti pide autorización para tomar financiamiento por 39 mil millones de pesos (casi el 10% del presupuesto vigente, que es del 415 mil millones), mientras que el principal bloque opositor está dispuesto a autorizar 22 mil millones y con destinos específicos. Tampoco hay acuerdo sobre los llamados “súper poderes” (facultades delegadas a favor del Ejecutivo) ni sobre la cantidad de recursos que se destinarían para auxiliar a municipios y comunas: el texto original establece partidas por 3500 millones de pesos; el Frente Progresista quiere subir ese monto a 6000 millones.
