El golpe del 24 de marzo de 1976, en realidad, comenzó el 20 de marzo de 1975 con la invasión a Villa Constitución, el secuestro de 200 delegados de fábricas, su tortura en el albergue de solteros de Acindar y el pago de 200 dólares a cada uno de los 4 mil parapoliciales de parte de empresarios tales como José Alfredo Martínez de Hoz, por entonces gerente de Acindar.
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que «otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.
Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.
Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.
Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…».
Un año después, Martínez de Hoz autorizó un endeudamiento de 600 millones de dólares a favor de Acindar, ya no como gerente de la empresas, si no como ministro de Economía del terrorismo de estado. Así comenzaba la deuda externa que luego nacionalizara en julio de 1982, Domingo Felipe Cavallo.
