“La reforma judicial es sin duda uno de los ejes centrales que nuestra Nación necesita para promover la construcción de un poder más democrático, igualitario, transparente e independiente, y verdaderamente comprometido con la defensa de los derechos del Pueblo”, señaló el secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Agustín Bruera, quien así sentó la posición del gremio que representa a empleados de la Justicia nacional y federal en favor del proyecto anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández.
“Los trabajadores estamos expectantes”, marcó el dirigente gremial. “Y reclamamos a los promotores (de la iniciativa) que sumen nuestra opinión a los cambios propuestos, porque ellos se basan en nuestra experiencia laboral cotidiana”, agregó Bruera, a modo de pedido: el gremio pide pista así en el cuerpo de “notables” de diferentes corrientes ideológicas para que estudien, elaboren y propongan nuevos cambios que tornen más transparente y efectivo el servicio de Justicia. “El espíritu democrático que anima la conformación de un comité de especialistas en materia jurídica que aconseje las modificaciones, sin dudas debe comprender a representantes de los trabajadores judiciales”, sugirió Bruera.
Pero el sindicalista sentó una posición más allá de si el jefe del Estado los convoca o no: “Somos conscientes de que el gobierno actual ganó las elecciones recogiendo en los votos el hartazgo popular contra el estropicio que el gobierno anterior hizo en el sistema judicial, entre otras demandas, y en tal sentido apoyamos la iniciativa”, trazó.
Y completó: “Adelantamos esta breve declaración de apoyo ante la forzada imposición de una agenda de resistencia a los cambios que busca instalar la falsa idea de que la comunidad judicial los rechaza”.
Lejos de hacerlo, el representante sindical pidió por más: “Entendemos que la reforma debe alcanzar no sólo a los tribunales federales en materia penal sino también a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima responsable del deplorable estado en el que se encuentra el sistema judicial”.
“Expresamos que la democratización del sistema deberá ir acompañada de la puesta en práctica del sistema acusatorio en materia de investigaciones penales y las correspondientes leyes de implementación y asignación de recursos, junto con la efectiva aplicación de la ley de Ingreso Democrático, tanto en el Ministerio Público (donde ya se aplica) como en el Poder Judicial, donde nunca se puso en práctica”, insistió Bruera.
«Lamentablemente, esta saludable norma sancionada debidamente en el año 2013, jamás fue aplicada por la Corte Suprema, lo que constituye una afrenta a la legalidad y un acto de insumisión del Poder Judicial, ajeno al espíritu republicano que debe guiar todas sus conductas”, completó el dirigente sindical.
Además, el titular del Sitraju también advirtió que la reforma judicial “deberá abordarse de manera integral con perspectiva de género”, como mecanismo no sólo para “revertir desigualdades” sino sobre todo para “afrontar el compromiso de promover una Justicia antipatriarcal”.
“Esperamos que el Ministerio Público Fiscal pueda tener finalmente un procurador titular, con el correspondiente acuerdo del Senado, que permita proyectar a largo plazo los cambios que el combate al crimen organizado demanda y la aplicación de una política criminal que nos aleje definitivamente del lawfare” (justicia a la carta), concluyó el Sitraju respecto de Eduardo Casal, quien continúa como interino al frente de la sensible área desde que el gobierno de Mauricio Macri asediara hasta forzar la renuncia de quien era la procuradora titular, Alejandra Gils Carbó. El recambio fue parte de una vasta ofensiva que había comenzado ya en los inicios de la gestión de Macri con el nombramiento de dos jueces por decreto –contraviniendo todas las formas republicanas– en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
