Sandra Maiorana no cree en las coincidencias. Ella cree en las consecuencias. La secretaria general del sindicato de profesionales de la salud, Amra, explica así lo que pasó hace 48 horas en el Sanatorio Parque, donde el grupo económico que lo maneja denunció que dos médicos y un instrumentista habían dado positivo de Covid-19 rompiendo la prolijidad de las comunicaciones sobre contagios en manos de las autoridades sanitarias. “Nunca cuidaron a quienes trabajan en sus clínicas y hospitales, y ahora salen a exponerlos cuando casi el total de sus empleados están en negro y sin ningún derecho laboral básico”, explicó a El Ciudadano la gremialista.
Poco tacto
Según Maiorana, hacer la denuncia pública a través de los medios de comunicación fue «una bajeza típica» del grupo Oroño, «con quien tuvo que trabajar el gobierno para que limitara la circulación de pacientes y trabajadores» por posibles contagios en sus clínicas y consultorios. “Incluso tuve que hablar con el ministro de Salud (Carlos Parola) para contarle que desde esas clínicas incentivaban a pacientes a ir a hacerse chequeos. Después el grupo tomó otra actitud”, recordó la gremialista.
Para ella, hicieron el comunicado para limpiar su conciencia y mostrarse en regla. “Fue una locura lo que causaron y es parte de lo que hacen siempre: no cuidan a quienes trabajan para ellos”, dijo Maiorana y repasó la historia reciente. En 2007 desde Amra empezaron a pedirle a la asociación de clínicas y sanatorios (donde una silla importante es reservada para el grupo Oroño) que firmaran el convenio colectivo de trabajo. Querían garantizar derechos a trabajadores y trabajadoras de la salud privada. “Hasta el día de hoy pedimos saber cuántas personas emplean ya que no las registran en el Ministerio de Trabajo”, contó.
El convenio que pedían también fue propuesto para la cámara de empresas que dan atención médica a domicilio, donde semanas atrás surgieron denuncias porque no les daba barbijos, lentes y demás elementos de seguridad a profesionales que atendían consultas por Covid-19 en las casas de Rosario.
Según Maiorana, la salud privada en todas sus expresiones resistió siete años firmar el convenio. Recién en 2015 lograron hacerlo, pero la puesta en marcha de controles para que se cumpla fue “cajoneada” durante la gestión de Mauricio Macri. Con el cambio de gobierno nacional Amra forzó con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe las primeras inspecciones. Los resultados no eran coincidencia, sino consecuencias. Casi el 100 por ciento de trabajadores de la salud privada estaba en negro.
Ejemplares
Entre esas inspecciones Mairoana contó que el 3 de diciembre -cuando se celebra el Día del Médico- un grupo de autoridades de la provincia y del gremio entraron a ver la situación del Sanatorio Plaza (Dorrego al 1500). Había 20 profesionales que no estaban registrados y atendían en guardias, traumatología, pediatría y las unidades coronarias, de neonatología y terapia intensiva. Ese mismo día, siempre según Maiorana, solo un médico estaba inscripto en el Sanatorio Británico (Paraguay 40).
Luego de los primeros controles algunas empresas empezaron a hacer los blanqueos. “Hacen mucha publicidad sobre su atención, pero la dan a costa del esfuerzo de personas a las que no le reconocen su trabajo. Lo más doloroso es que quienes deben proteger a trabajadores de salud son colegas, que más que eso, se vuelven mercaderes de la salud”, lamentó Maiorana.
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Apoyo
Desde la Asociación Rosarina de Ortopedia y Traumatología (Arot) repudiaron cualquier publicación y exposición pública o privada de aquellos profesionales que resulten contagiados por Covid-19. “Actualmente la región está considerada en la etapa de «transmisión local del virus», con amplias posibilidades de ser calificada prontamente como región de «circulación comunitaria». El personal de salud tiene mayor probabilidad de contagio que la población general. Seguramente sucederán un número significativo de casos entre aquellos”, escribieron este domingo desde Arot.
“La exposición de los profesionales contagiados en un momento social tan sensible como éste, puede devenir en la estigmatización, donde el imaginario social interpreta que aquel
profesional contagiado fue negligente, estuvo falto de interés en el bien común u obró de mala fe. Es una sentencia que conlleva a la exclusión y discriminación social pudiendo producir en el difamado un daño personal, social o profesional futuro”, agregaron en un comunicado.
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido desde el inicio de la pandemia que el estigma puede hacer que las personas oculten la enfermedad para evitar la discriminación, que no concurran a la atención inmediatamente, y que los desaliente a adoptar comportamientos saludables”, sumaron y pidieron a los centro de salud que protejan a profesionales confirmados o con potencial afectación por Covid-19 “cuidando su privacidad y permitiendo su recuperación y pronta reinserción a su actividad laboral, tan necesaria en estos momentos”.
