Dos meses tardó el gobierno nacional en reconocer que el tarifazo de gas es impagable para pequeños y medianos comercios e industrias y disponer un financiamiento del 50% del consumo.
Una mirada bondadosa contemplaría que el gobierno acepta sus errores y excesos y los revisa (y van…). Sin embargo, por lo que se vio en estos seis meses de gobierno hay una mezcla de improvisación y de probar hasta dónde se puede llegar para después ver cómo se sigue. La postulación de dos ministros para la Corte fue el primer experimento en esa línea.
En el caso de los tarifazos, la decisión se tomó sin estudiar antes el impacto en los sectores sociales y productivos del país. Hubo quienes advirtieron pero fueron desoídos.
El que no reclama pierde
La “corrección” que introduce ahora el gobierno es resultado de la presión de sectores comerciales e industriales, de los gobernadores y de una agenda parlamentaria que lo dejó en falsa escuadra. No es casualidad que el alivio en el tarifazo del gas se hiciera público el mismo día que el presidente confirmó el veto a la ley antidespidos, y después de que Cambiemos facilitara al kirchnerismo la aprobación del proyecto que venía del Senado, cerrándole el paso al millonario paquete de incentivos que quería introducir el Frente Renovador y tenía que pagar Macri.
Más aún, nadie sabe si lo anunciado resulta suficiente o fue el primer capítulo. A diferencia del gas, el gobierno no dispuso alicientes para la electricidad. Tampoco da señales de que lo vaya a hacer. Recién esta semana se limitó a aliviar la crítica situación en las provincias electrodependientes del noreste, a las que les sacudió el tarifazo con igual rigor que al resto, sin valorar que al no disponer de red de gas natural carecen de alternativas energéticas. Por lo pronto, son las distribuidoras provinciales las que tuvieron que asumir el financiamiento de sus clientes pymes.
Esperan su turno
El rol de los gobernadores en este momento del país es determinante. Macri no puede ignorarlos porque de ellos depende para equilibrar las relaciones de fuerza en el Congreso. Por eso destrabó en apenas cuatro meses el acuerdo para reponer de forma progresiva el 15% de descuento de coparticipación, con una buena prima cash de arranque.
Lifschitz, el cordobés Schiaretti y el puntano Rodríguez Saá fueron espectadores privilegiados en la reunión de gobernadores en la Docta. Sus provincias ganaron el juicio en la Corte y desde diciembre perciben el 15% que las demás tendrán completo en unos años.
Santa Fe y San Luis dan por sentado que ahora que se resolvió la restitución del porcentaje con el resto, no hay más excusa para demorar el arreglo de la deuda acumulada durante diez años que la Corte mandó pagarle a ambas.
Se ratifica lo ya dicho acá semanas atrás: si bien no hay una oferta concreta, el camino más probable y realista es que Nación acuerde un mix de efectivo y bonos por el monto histórico, sobre el que no hay discusión, y seguir negociando intereses y actualización.
Intereses convivientes
Si bien Lifschitz siempre dijo que Producción sería uno de los ejes de su gestión, al igual que Seguridad e Infraestructura, la coyuntura puso en un plano protagónico al Ministerio que encabeza Luis Contigiani.
Contigiani se sale del molde de lo que fueron los ministros de Producción hasta ahora, un poco por impronta personal y otro poco empujado por seis meses de inundación, tarifazos y recesión económica. Lifschitz encontró en él un colaborador capaz de articular con los sectores productivos jaqueados en la actual coyuntura y al mismo tiempo darle encarnadura política a la necesaria diferenciación que debe haber entre un gobierno de Cambiemos y uno del Frente Progresista.
A los cruces entre Nación y provincia que se suceden desde enero por tarifazos e inundación, esta semana se agregó la crisis financiera de Sancor y su sombrío futuro.
El subsecretario de Lechería Pedro Morini y Contigiani soltaron ácidas críticas por el silencio del gobierno nacional. Les salió al cruce el ministro de Agroindustria Buryaile y les reclamó “ayudar con silencio”. Los tiempos y modos de la Casa Rosada por momentos exasperan, pero Buryaile ya está en tema y ha demostrado capacidad de gestión. Fue él quien convenció al presidente de que el Estado debía plantarse ante la multinacional Monsanto e impedirle seguir adelante con el sistema paraestatal de control en puertos y eventualmente cobrarle compulsivamente a los productores en caso de detectar soja Intacta. Una jugada inesperada de un gobierno proempresario, que en el fondo muestra la coexistencia de intereses distintos y a veces contrapuestos entre los aliados de Cambiemos.
El Frente Progresista santafesino sobrevuela esos roces con el gobierno nacional. Los radicales más afines a Cambiemos piden a los socialistas bajar el tono o ser más comprensivos, pero nadie se pinta la cara todavía ni está dispuesto a correr el riesgo de tensionar con su base electoral por defender el gobierno de Macri.
Es lo que ocurrió con el subsecretario de Lechería cuando, en relación al tema Sancor, le reprochó al presidente tener tiempo para atender a un vendedor de tortafritas pero no para recibir al presidente del gigante lácteo. Pedro Morini es radical y como gran parte de la UCR votó a Macri, pero su historia política está ligada a las localidades de la cuenca lechera del centro-norte provincial.
Cuenta regresiva
El otro dato que dejó la política santafesina la semana que pasó surgió de la Legislatura y pasó inadvertido, incluso para algunos legisladores. La Asamblea Legislativa (es decir la suma de diputados y senadores) aprobó el “Procedimiento para la gestión de denuncias y trámite de remoción” de los fiscales y defensores públicos. Esto, que podría leerse como una tarea con años de atraso por parte de diputados y senadores, no puede escindirse de la frágil situación en la que está parado el defensor general de la provincia Gabriel Ganón.
Ganón, a pesar de su formación y perfil adecuados para garantizar una política de defensa de personas imputadas de delitos penales, a lo largo de su período confundió permanentemente debates político-institucionales con cuestiones personales. Incurrió en excesos y agravios públicos que progresivamente le hicieron perder respaldos.
Fuera de cualquier opinión o valoración que quiera hacerse sobre la persona y el desempeño de Ganón, hay un hecho ineludible: si el “Procedimiento…” hubiera estado aprobado antes, Ganón ya hubiese sido sometido a juicio político.
El segundo hecho ineludible es que las cosas no han cambiado desde entonces. Legisladores de diferentes espacios partidarios consultados por este diario coincidieron en que una amplia mayoría en ambas cámaras estaría dispuesta a abrir el procedimiento de juicio político si se formalizase una denuncia.
La pregunta que entonces queda dando vuelta es si la Asamblea Legislativa, además de cumplir con un trámite pendiente, activó la cuenta regresiva contra el defensor general de la provincia. El tiempo y la política lo dirán.
