Por Sol González de Cap, Gerenta de Anses Udai Rosario IV
La situación de emergencia sanitaria y su correlato, el aislamiento social en cada una de sus fases, significó una menor actividad para todas las economías del mundo. La nueva organización que tuvo que adoptar nuestra sociedad para evitar una suba escabrosa y repentina de contagios conllevó una menor circulación de bienes y de personas. Esta diferente organización afectó de forma negativa la posibilidad de generar ingresos de muchas familias.
Para proteger a estos sectores sociales es que el Gobierno argentino, dispuso rápidamente una serie de medidas económicas. Las primeras anunciadas fueron el bono a jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados, la doble Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, medida que benefició a más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes y la extensión y el incremento del seguro de desempleo que perciben más de 100.000 personas.
Aún considerando este gran impulso fiscal y distributivo, seguía siendo necesario que el Estado contemple la realidad de muchos hogares. En particular del universo de trabajadores y trabajadoras informales, de la economía popular o monotributistas de las más bajas categorías que se desempeñan en actividades que sufrieron en mayor medida la retraída económica.
La gastronomía, el turismo, los comercios de productos no esenciales, la cultura y el esparcimiento, las tareas de cuidado remuneradas, los oficios, las conocidas “changas” en general son algunas de las actividades que presentaron una caída abrupta de su nivel de actividad al comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Fue para resguardar económica y socialmente a estos sectores, que se ideó un beneficio sin precedentes en la historia de nuestro país, sobre todo si se considera su alcance. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) vino a dar respuesta a 8,9 millones de hogares.
Esta semana, comenzó su tercer desembolso a los y las beneficiarias “puros”, es decir aquellos y aquellas que no lo perciben a partir de su asignación universal, y comenzaron a percibir alguna protección estatal a partir de la pandemia.
En Santa Fe el total beneficiarios ascendió a 682.081 personas, lo que representa el 44,4% de la Población Económicamente Activa. Si analizamos sus destinatarios podemos decir que, a nivel país, el IFE es un ingreso feminizado y joven, lo perciben en un 55,7% de los casos mujeres y la cobertura entre los 18 y los 24 años llega al 52%.
Estos números exponen algunos de los problemas estructurales a los que se enfrenta el Gobierno Nacional, entre ellos, sin duda, se encuentra la elevada proporción de empleo informal y la alta fragilidad del mercado de trabajo, la desigualdad de género que se agudiza en los sectores más vulnerados y la dificultad en la inserción laboral de los más jóvenes.
El IFE se nos presenta hoy como una respuesta rápida de un Estado que decide mirar de frente a una realidad social compleja, con problemas de raíces profundas que encuentran sus orígenes en el proceso de desindustrialización y precarización laboral que comenzó en los años 90, el aumento del desempleo y la alta incidencia de la pobreza e indigencia en los hogares tras cuatro años de pérdida del poder adquisitivo del salario y caída del PBI.
La pandemia, vino a amplificar la desigualdad del mundo laboral que vivimos y también a plantearnos que hoy más que nunca, necesitamos de sistemas de seguridad social fuertes que nos protejan frente a las contingencias de un mundo cada vez más lleno de incertidumbre, donde todos y todas seguimos teniendo derecho a realizarnos y ser felices sea cual sea nuestro punto de partida y sea cual sea la etapa que estemos transitando de nuestra vida.
