Los brutales anuncios de este martes del ministro de Economía, Luis Caputo, que implican una transferencia cuasi inédita de ingresos a los que más tienen, o mejor, a los que tienen casi todo; pospuso el análisis del significado de los distintos puntos planteados.
Uno de esos ítems es la suspensión por un año de la publicidad oficial, medida que ya había adelantado el vocero Manuel Adorni.
Distintos especialistas consultados por la agencia de noticias Télam aseguraron que la medida “lesionará el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los actos de gobierno y generará una merma en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas de comunicación”.
También hubo reflexiones de sindicatos de prensa de todo el país y del Foro de Radios Comunitarias (Farco).
En este sentido, se presume que para los próximos días habría un documento de los gremios de prensa de Santa Fe (Sindicato de Prensa Rosario y Asociación de Prensa de Santa Fe) sobre esta problemática.
Como sea, lo que aparece más claro es que la suspensión por un año de la publicidad oficial en los medios de prensa, como parte de una serie de medidas tendientes a reducir el gasto público, tendrá un impacto negativo en todo el sistema de comunicación del país y también repercutirá en forma “negativa” en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas periodísticas y ni hablar de los medios de comunicación autogestionados (cooperativas).
El derecho a ser informado de los actos de gobierno
Los fondos que el Estado destinó en 2023 en materia de publicidad oficial, una herramienta cuya función principales es la de dar a conocer los actos de gobierno -como por ejemplo el anuncio de campañas de vacunación o licitaciones públicas- rondaron los 40.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, una cifra que para el investigador principal del Conicet Martín Becerra “no es relevante” en el total del gasto público.
Se calcula que el «ahorro» es de aproximadamente un 0,05 por ciento del presupuesto del estado.
“Se trata de una medida más de tribuneo que de austeridad. Por otro lado, pensar la austeridad lesionando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública es un contrasentido”, dijo Becerra en declaraciones a Télam.
Por medio de su cuenta personal en X, Becerra señalo que no se precisó si la suspensión de la pauta publicitaria contemplará solo a los fondos que para tal fin tiene a su cargo la Presidencia.
En esta línea, Juan Salvador Delú, presidente de Farco, se preguntó si dicha suspensión abarca a todo el Gobierno nacional, a las empresas públicas, como YPF y Aerolíneas Argentinas, y a los organismos descentralizados del Estado.
“No podemos hacer un análisis acrítico de la pauta oficial, desde la recuperación de la democracia hemos sido críticos, juntos con distintas organizaciones y sindicatos, de la necesidad de regular, de establecer un mecanismo justo, democrático y federal de la distribución de la pauta oficial. Debe ser el Congreso mediante una ley que establezca ese mecanismo”.
En este marco, Becerra mencionó que la función central de la publicidad oficial “es dar a conocer los actos de gobierno. Es un principio republicano y una obligación constitucional de todo gobierno. De ahí que, desde 1810 en adelante, existe la publicidad oficial”, indicó.
Para Becerra, que también es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no existe un “derecho” de los medios de comunicación a recibir publicidad oficial, pero “sí hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace”.
Acerca del impacto que tendrá la medida “será más problemática para empresas medianas y pequeñas” de comunicación “que para grupos más grandes, que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado”, opinó Becerra.
Y agregó: “El Gobierno tiene muchos resortes económicos para relacionarse con los medios, porque muchos de los grupos concentrados son al mismo tiempo concesionarios de servicios públicos y licenciatarios de otros servicios, además de que son deudores previsionales y fiscales. Esta medida sólo afecta una de las ventanas de la “gran paritaria” que tienen los grupos de medios con los gobiernos”.
Una disminución en los ingresos de los medios
Para Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos que el Estado destina para publicidad oficial en los medios de comunicación «tienen un peso significativo» en las finanzas de las empresas periodísticas, tanto que “dependiendo el año y como se gestione, puede representar entre el 5 y el 10 por ciento del total de la torta publicitaria”.
“Si la suspensión decidida por el Gobierno se combina con la retracción que se vive en materia publicidad comercial privada en un contexto de crisis económica, estamos frente a un escenario en el cual los medios de comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos”, evaluó Marino en declaraciones a Radio Nacional.
Esa coyuntura, expresó Marino, “podría derivar en condiciones negativas para la forma de ejercer el periodismo” y agravar la “precarización laboral” que afecta a los periodistas en distintos medios de comunicación.
Menos puestos de trabajo
Agustín Espada, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, explicó en declaraciones a Urbana Play que la suspensión de la publicidad oficial no solo afectará a los medios de comunicación, sino que significa retirar los fondos destinados a difundir los actos de gobierno en “las cartelerías de la vía pública, en cines y eventos deportivos”.
Todos los consultados por distintos medios señalaron que la medida gubernamental ocasionará “precarización, pérdida de puestos de trabajo y mayor concentración de los medios de comunicación”, fortaleciendo el monopolio de la información lo que repercutirá “en la calidad de los contenidos y el acceso a la información”.
No escapa a nadie que los grandes medios, como queda expuesto, pueden sobrevivir sin pauta oficial; lo cual no quiere decir no se utilice como argumento disciplinador para la discusión de la paritaria salarial con los gremios de prensa.
