Esteban Lindor Alvarado, condenado por liderar una banda que robaba autos en territorio bonaerense y los desguazaba en Rosario a la vez que sospechado de ser un actor clave del narcotráfico local, fue sindicado este viernes en audiencia imputativa como el jefe de una asociación ilícita integrada compuesta por tres estamentos. Los primeros, civiles, dedicados a la logística e inteligencia; los segundos, policías que trabajaban codo a codo con los fiscales, comprados para asegurar impunidad y plantar pruebas falsas. El último de ellos está integrado, afirma la acusación, por personas que hacían las veces de prestanombres para configurar un entramado de empresas comerciales que se amparaban bajo estructuras societarias.
Para la Fiscalía Alvarado, detenido bajo acusación de instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado, es quien dirigía todas estas firmas que manejaba a través de testaferros. Los funcionarios de la Unidad de Gravedad Institucional del Ministerio Público de la Acusación dijeron que estas empresas se dedican a los rubros de logística, transporte y comercialización de rodados.
Los fiscales citaron entre estas empresas a Transporte Toia SRL, Edra SRL, Logística Santino SRL, Logística TSC SRL y Sagrado Corazón de María SRL. En esta última firma Alvarado, conocido con el ambiente del hampa como Chuchino o Rengo, figuraba como empleado y en 2018 tuvo un ingreso de 148 mil pesos, explicaron los funcionarios en referencia a su ingreso en blanco.
También los fiscales lo vinculan con las firmas unipersonales Jorge Antonio B., Nadia T., Rosa C. y Leandro S. La acusación sostuvo que a través de estas empresas se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a la banda criminal a través de recursos materiales y humanos, propiedades donde guardar vehículos que usaba la organización o procurar una vivienda a los miembros del grupo. También dinero para la logística, la operatividad del grupo y la obtención de información que tenían como fin la comisión de delitos.
Para la Fiscalía, estas empresas con actividad legal se entremezclaban con las acciones ilegales del grupo por orden de Alvarado. Los distintos allanamientos que se realizaron a partir de la investigación del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre pasado –cuando el hombre fue secuestrado en la puerta de su casa, subido a una Renault Kangoo y su cuerpo apareció maniatado en un descampado con un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”–, fueron dejando gran cantidad de documentación que se analizó. Ello derivó en un preinforme que brindó un perfil patrimonial de la banda y las vinculaciones entre las distintas empresas, explicó la Fiscalía.
A través de las firmas, la banda lograba abaratar costos, contar con personal, servicio de logística y traslado y evitar un mayor control estatal al camuflar las actividadades ilegales y los ingresos que estas generaban en las legales. La investigación determinó que estas empresas formaban una red de sociedades dirigidas por Alvarado, donde los socios se repiten en algunas de ellas al igual que los domicilios sociales o comerciales: donde hay una confusión en las administraciones, pagos cruzados, intercambio de personal e incripciones de vehículos en forma alternada entre ellas.
De las mensajes del servicio de mensajería Telegram recuperados del celular de Alvarado, recuperado del agua –donde lo había descartado– y secuestrado durante su detención en Córdoba en febrero pasado, surge el manejo de las firmas en cabeza de este hombre: se lo escucha dar directivas, brinda órdenes para la ejecución de operaciones comerciales de distinto tipos, manejo de inmuebles y cambios de titularidades.
De este entramado surge por ejemplo que un chofer de la firma Logística Santino SRL es socio de Sagrado Corazón de María y es marido de Viviana María C. A., socia gerenta de la última firma. Esta mujer falleció y el lote del paraje Los Muchachos –hasta este sector rural luego allanado llegó la Policía por un seguimiento de GPS realizado a un auto vinculado al crimen de Lucio Maldonado– fue donado a los hijos de Alvarado, manteniendo este hombre el usufructo, explicaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en la audiencia del último viernes, donde además de Alvarado fueron formalmente acusados como miembros de la asociación ilícita cuatro policías y un civil.
En otro caso surge que César Daniel B. es socio de la firma Logística Santino SRL y durante ocho meses figuró como empleado de esta empresa y visitó a Alvarado en la cárcel. Según el informe, este hombre era cuñado de Jorge B., sindicado por la Fiscalía como el titular de una firma pertenenciente al entramado de la banda.
De la documentación hallada surge que Jorge B. tiene una relación de dependencia informal con Logística Santino SRL. Estas circunstancias se repiten con diversas personas sindicadas como parte del entramado económico. También sucede con la titularidad de los vehículos y con la transferencia de inmuebles y los servicios de esas propiedades.
Entre la evidencia que se conoció en la audiencia imputativa surgió que en una causa que tramita ante un juzgado federal de General Roca, conocida como causa Río Negro, en noviembre de 2017 se secuestraron en un camión de la empresa Transporte Toia SRL trasladados 493 kilos de marihuana. Entre las socios de esta firma aparecen Nadia T., su hermana Estefanía y el novio de la primera, Ariel I. Esta empresa tenía un domicilio legal que coincide con la dirección que en algún momento tuvo Alvarado en su carné de conducir.
Comprar voluntades
Gustavo «Gula» Pereyra, el jefe operativo de la Secretaría de Delitos Complejos que cayó en desgracia en 2013 durante la investigación de la causa de Los Monos –Gula fue llevado a juicio como supuesto integrante de la banda y resultó absuelto–, envió mails a sus superiores en los que hacía referencia a la vinculación entre Alvarado y Javier Makhat, un oficial de la ex Drogas Peligrosas al que se llegó luego de un allanamiento a la quinta en el parador Los Muchachos.
En ese casaquinta vinculada con Alvarado encontraron comprobantes consecutivos de pago de servicios que derivaron en un procedimiento en una cochera de los Condominios del Alto, en barrio Refinería, y se toparon con Makhat (hasta entonces subjefe de Inteligencia Zona Sur de la PDI) viviendo en uno de los departamento del lugar.
La información de aquel mail que data de 2013 decía que Alvarado le había donado un terreno en un barrio de la localidad de Roldán al uniformado y allí se estaba haciendo la casa. El mail decía que otros dos policías habían sido beneficiados con la donación de terreno por parte de Alvarado.
En la causa conocida como Banda de los Rosarinos, que tramitó en el Juzgado Criminal 3 de San Isidro y en la que Alvarado fue condenado a 6 años y medio de cárcel como organizador de una asociación ilícita y encubrimiento agravado, aparece una escucha telefónica donde surge que Gendarmería fue a detenerlo y Alvarado le ordenó a su abogado que ofreciera plata a los uniformados para que no lo detuvieran, explicó la Fiscalía.
De los mensajes de Telegram recuperados también surge información en este sentido. Hay un mensaje que habla de «darle 20 palos» a una mujer y «50 al otro». Para la Fiscalía este mensaje hace alusión a dos de los policías imputados este viernes: Pablo Báncora y Jorgelina Chaves. También hay un testimonio que habla de un ofrecimiento de un millón de pesos durante un allanamiento en un country de Funes a Báncora para que no pusiera detalles en el acta de procedimiento.
Los otros dos policías implicados son hermanos. Uno, Marcelo Rey, es según los fiscales un uniformado identificado como Puchero en las escuchas contra la Banda de los Rosarinos, donde se lo oye vinculado con el encubrimiento a las actividades ilícitas de Alvarado. Su hermano, Martín Rey, también está acusado en la asociación ilícita: se presume que ambos intentaron desviar la pesquisa de la que participaban por la saga de ataques mafiosos de diciembre y enero pasados que tuvieron por blanco los Tribunales, el Centro de Justicia Penal y la vivienda de una funcionaria de la Fiscalía en barrio Martin.
