Desde que asumió al frente de la Casa Gris, una de las prioridades del gobernador Miguel Lifschitz fue lograr la sanción de una ley que regule el ejercicio de la educación pública y privada en todo el territorio santafesino. Desde la Casa Gris vienen planteando que se trata de una deuda de 70 años que la provincia tiene que saldar en algún momento. Pero, por las presiones de algunos sectores involucrados, con la Iglesia Católica a la cabeza, el debate quedó estancado en el Senado, desde donde avisaron que van a tomarse un tiempo antes de definir el texto de la ley.
Después de dos años y medio de debate, el proyecto logró media sanción unánime de la Cámara de Diputados en septiembre del año pasado. Los diputados trabajaron sobre la iniciativa original enviada por Lifschitz y su ministra de Educación, Claudia Balagué, pero le incorporaron algunos puntos de los otros cinco proyectos ingresados a la cámara sobre el mismo tema.
Desde el momento en que la media sanción fue girada al Senado, comenzaron las idas y vueltas en torno al texto definitivo de la ley. Los senadores del PJ, que tienen mayoría en la cámara, criticaron en reiteradas ocasiones a los diputados por haber hecho cambios sobre el proyecto original. Los dos puntos que más discusiones generaron son el referido a la Educación Sexual Integral (ESI) y el peso que tendrán las instituciones de gestión privada en el futuro esquema de la educación provincial.
Si bien hubo reuniones en los últimos meses del año pasado con representantes de la Iglesia Católica y de otros cultos, los senadores de la comisión de Educación de la provincia empezaron recién este mes a estudiar el proyecto a fondo. En los próximos 20 días tienen en agenda cuatro reuniones. El dictamen final y su tratamiento en el recinto, con los tiempos acotados por el año electoral, se harán esperar.
A revisar los cambios
El miércoles pasado, el gobernador Lifschitz participó de la apertura del 21° Curso Arquidiocesano de Educación Católica “Educar para amar y amar para educar”, que convocó a representantes de las distintas comunidades educativas de la Arquidiócesis de Rosario. Allí el mandatario se refirió a la ley de Educación.
“Hablar de educación en la Argentina es hablar de futuro y, en momentos de dificultades como los que estamos viviendo, siempre es bueno encontrar espacios para reflexionar sobre la educación, que es la única herramienta que nos va a permitir un futuro mejor”, indicó el gobernador.
Luego, remarcó que durante su gestión se hizo “una fuerte inversión educativa, no solamente en el sistema público y estatal, sino también en el sistema de gestión privada” y enumeró: “Generamos inversiones en infraestructura, en tecnología, en capacitación docente y creamos para ellos nuevos cargos. La educación es la única política que produce impacto a 10, 20 o 30 años hacia adelante, por eso es tan importante”.
Un día antes de ese discurso, Lifschitz se había reunido con cuatro de los cinco obispos de la Arquidiócesis de la provincia para hablar sobre la ley de Educación: “Un texto sobre el cual nuestro gobierno trabajó durante mucho tiempo, abriendo el diálogo con todos los sectores, procurando encontrar un resumen de las expectativas de todos los sectores que pudiera sintetizar todas las miradas sobre la educación. Ese texto, en el debate de la Cámara de Diputados, tuvo algunas modificaciones y, por eso, la Cámara de Senadores es una nueva oportunidad para rever dichos aportes y ponerlo en sintonía con lo que habíamos pensado originalmente”.
Puntos en conflicto
Las palabras del gobernador son una señal al Senado. Si bien en primera instancia la ministra Balagué había elogiado el trabajo de la Cámara de Diputados, que derivó en la media sanción por unanimidad, ahora el mandatario provincial parece dispuesto a aceptar que los senadores tachen los cambios que hicieron los diputados para poder cumplir con el objetivo que se trazó al asumir: lograr una ley provincial de educación.
Por lo pronto, el senador justicialista Danilo Capitani, integrante de la comisión de Educación, dijo que se van a tomar un tiempo para garantizar que todos los sectores involucrados puedan opinar sobre el proyecto de ley de Educación.
“En las reuniones que ya mantuvimos con comunidades religiosas, hablamos sobre un artículo que dice que sólo pueden tener escuelas o entidades educativas aquellas comunidades religiosas que figuren en el Registro Nacional de Cultos, que es una ley específica que tiene el Estado Nacional. La Iglesia Católica, por ser la Iglesia del Estado y por figurar en la Constitución, no figura en la ley de Cultos. Si fuera así, la Iglesia no estaría habilitada para tener las escuelas que hoy tiene, que son cerca del 30% de la actividad educativa en la provincia”, indicó Capitani.
Además, el senador opositor confirmó que hubo planteos de la Federación de Consulados de la provincia referidos al funcionamiento de las escuelas bilingües. Desde ese sector pidieron ampliar el concepto que sólo remite a dos idiomas. “Según ese planteo –explicó Capitani–, con la enseñanza del español y el inglés ya no podría haber otros idiomas que se enseñen. Mientras que en la provincia hay varias escuelas que ya enseñan italiano, alemán, francés y se estaría cercenando esa posibilidad”.
De todos modos, el punto que más ruido hace es el referido a la ESI, que está incorporada como un derecho y una obligación en el texto votado por la Cámara de Diputados. Al respecto, el senador Capitani sostuvo que “entre los problemas que hubo en Diputados, algunos sectores no llegaron a plantear sus temas y se votó de una manera. A esos sectores nosotros los vamos a escuchar. Vamos a hacerlo lo más rápido posible y en función de eso vamos a hacer el despacho de la comisión de Educación y después tiene que pasar por otras cuatro comisiones para después llegar al recinto”.
La semana pasada, antes de la reunión de Lifschitz con los obispos, desde la Iglesia Católica enviaron una nota a los senadores para pedirles que no voten el proyecto tal como lo sancionó la Cámara baja, con el argumento de que la norma “tiene que ser lo suficientemente amplia para respetar a todos”. En particular, cuestionan la inclusión de la ESI como tema obligatorio y transversal y piden más participación del sector confesional en el esquema de toma de decisiones.
