Las obras ilegales que avanzan sobre una reserva natural de San Nicolás que abarca 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos volvieron a ser prohibidas por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que por tercera vez intimó al intendente Manuel Passaglia a que decline su actitud y paralice los trabajos. Además, la sentencia del Máximo Tribunal ordenó la clausura de lo ya ejecutado por fuera de la ley, bajo apercibimiento de aplicarle multas al mandatario local y pidió que la Fiscalía lo investigue por el presunto delito de desobediencia de una orden judicial.
La respuesta del intendente fue un Twitter que lejos de brindar explicaciones provocó confusión y odio entre vecinos, ya que arremetió contra uno de los abogados que inició el amparo ambiental para frenar la deforestación masiva que, según las denuncias, oculta negocios inmobiliarios para beneficio de unos pocos.
“Siempre en contra de la gente. Por una denuncia de Fabián Maggi apoyado por el inútil gobierno de @Kicillofok, le prohíben a los nicoleños ir en su propio auto hasta las playas y el río”, escribió en su Twitter el intendente de Juntos por el Cambio apenas notificado del fallo en su contra.
El texto de Passaglia no sólo generó una catarata de comentarios de odio hacia los ambientalistas que intentan poner freno a la deforestación masiva sino una gran confusión respecto a la situación en que se encuentra su gestión respecto al avance de obras ilegales en áreas protegidas.
La cobertura periodística local tergiversó aún más la información al mencionar cómo única noticia la prohibición de cruzar a la isla en vehículos particulares a partir de este martes como consecuencia de una “denuncia” particular, siendo que se trata de una demanda de inconstitucionalidad por obras ilegales realizadas por el intendente ante numerosos incumplimientos de sentencias anteriores también dictadas por el máximo órgano judicial de Buenos Aires.
Incitación a la violencia
El abogado Fabián Maggi, receptor de los insultos en redes sociales por parte de vecinos que leyeron la publicación del intendente Passaglia, habló de malicia, incitación a la violencia, hostigamiento y persecución. Dijo que el intendente “pretende generar violencia hacia mi persona y hacia un grupo de ambientalistas aprovechándose de que hay mucha gente que cruza por ese camino para ir al balneario. Quiere generar este malestar social ocultando, obviamente, que está realizando obras ilegales. Porque la ilegalidad ya está probada y aún así, en este momento en que estamos hablando, sus operarios continúan ejecutándolas sin acatar el fallo judicial”.
Maggi también desmintió a Passaglia por vincular a los ambientalistas “falsamente” con Kicillof con el fin “malicioso de generar violencia ciudadana contra nuestra labor profesional”.
Al respecto dijo que “nos acusa falsamente y nos presenta como opositores políticos siendo que él sabe perfectamente que esta demanda está dirigida tanto contra su gobierno municipal como contra el gobierno provincial de Axel Kiciloff”, señaló.
“Passaglia miente descaradamente al presentar esta situación como una acción de política partidaria. Lo que nosotros hacemos es política ambiental por fuera de todos los partidos políticos”, dijo.
Humedal o Nordelta
La causa judicial que investiga las obras ilegales de Passaglia se inició en 2020 a partir del desmonte, relleno de humedales y modificación del curso de agua en zonas protegidas del Delta del Paraná.
Durante los años que lleva en la Justicia, distintas sentencias ordenaron a la intendencia de San Nicolás que paralice la ejecución de obras sobre la reserva natural del Parque Rafael de Aguiar, un área protegida de 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos. Pero hasta ahora no pudieron conseguir que esas medidas sean acatadas.
La Corte intimó al intendente de San Nicolás por avanzar contra bosques nativos y humedales
El caso llegó a la Corte bonaerense, que en agosto dictaminó el cese de obras. Ante su incumplimiento, en diciembre pasado, los ministros de la Corte volvieron a intimar al intendente y este fin de semana, el Máximo tribunal falló nuevamente en su contra y ordenó también la clausura de todo lo realizado ilegalmente, incluido los puentes de acceso vehicular a Barranquitas y El Arenal a los que hace referencia en su Twitter el intendente Passaglia cuando responsabiliza al abogado Maggi de quitarle “a todas las familias la posibilidad de disfrutar su tiempo libre en su propia ciudad” y de frenar “el desarrollo turístico que San Nicolás comenzaba a tener”.
Sin embargo, para los ambientalistas no existe ningún fin recreativo en las obras ilegales que la intendencia lleva adelante sino turbios negocios para unos pocos.
“El intendente está diciendo en los medios locales que nosotros perjudicamos a los vecinos. Son argumentos mentirosos para defenderse. Engaña a la gente diciendo que es un capricho nuestro y oculta que hay una orden de la Suprema Corte en su contra por acciones ilegales que consumó contra la ley de bosques nativos. Es todo un artífice de la manipulación de la gente”, cuestionó Maggi.
Al respecto, el abogado dijo que “desde el minuto cero presenta estas obras ilegales como algo recreativo para el ciudadano de San Nicolás, cuando en realidad lo que está haciendo es generar una infraestructura necesaria para negocios inmobiliarios que pretende llevar adelante al lado de la obra de la costanera alta superior donde ya se proyectaron dos barrios privados y uno de ellos empezó con la ejecución de su muro perimetral”.
En ese sentido Maggi dijo que “la especulación inmobiliaria se centra en los desarrollos de barrios privados que se van a generar en torno a la infraestructura que el intendente está generando dentro de la reserva ecológica, arrasando el bosque nativo”.
Audiencia clave para el futuro de humedales y bosques nativos de la región
Maggi recordó que el fallo de la Corte se basa en leyes “de máximas jerarquía, en el reconocimiento constitucional al derecho de un ambiente sano y equilibrado y, principalmente, a la obligación de preservarlo para las generaciones futuras”.
Por eso remarcó que, pese a haber sido difamado por un funcionario de turno en una dimensión individual, “no hay que olvidarse que nosotros estamos defendiendo derechos de incidencia colectiva. Esto no es una causa particular. Y nos resulta increíble la posición que livianamente asume el intendente contra un fallo judicial que por tercera vez no acata”.
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