El juez civil y comercial que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin rechazó este viernes la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown o salvataje a partir del próximo lunes, informaron a Télam fuentes judiciales.
El fallo, si bien rechaza las impugnaciones presentadas por actores en el proceso como el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Provincia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y Commodities -un acreedor granario privado-, termina no homologando el acuerdo como se planteaba.
Esa disposición está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos para darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía.
La misma norma contempla que la propia concursada, es decir Vicentin, pueda presentarse en el período de concurrencia (cramdown) que se extenderá hasta fines de septiembre.
Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo, con créditos verificados por casi U$S1.500 millones.
El juez civil y comercial de las segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó este viernes la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso.
La misma resolución abre el período de salvataje y, a la vez, rechaza las impugnaciones a la propuesta interpuestas por el Banco Nación Argentina y la Afip junto a otros tres acreedores.
El directorio de la compañía informó este viernes a través de un comunicado que «ejerciendo sus legítimos derechos, Vicentin apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables».
El juez argumentó el rechazo al señalar en una resolución de 27 páginas que «el impedimento (para homologar) surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada».
La resolución «encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta», añade el escrito.
Para Lorenzini, la propuesta presentada por Vicentin, que cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de U$S 30.000, no contempla sin embargo en igualdad de condiciones al resto de los acreedores de mayor monto, que terminarían de cobrar en 12 años y con una quita cercana al 80%.
Así, sostuvo que el acuerdo que Vicentin pidió que homologara «no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos».
Entre otros elementos, señala la resolución que «del análisis realizado sobre los contratos vinculados acompañados, no surge cuál será el resultado patrimonial de su tenencia; no organiza sistemas que respeten la libertad de los acreedores (por ejemplo, mediante un retiro programado de acciones privilegiadas, o la percepción de dividendos, o el pago de intereses)».
De ese modo, el juez dio por caída la propuesta de pago presentada por la agroexportadora santafesina que incluía la transferencia de acciones a los denominados «interesados estratégicos», que eran Bunge SA; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra SA (ex Glencore, con la que Vicentín aún es socia en la planta de crushing de Renova).
La propuesta contaba con las mayorías de acreedores y de capital exigidas por la ley, pero el juez señaló que ese requisito «no es suficiente para obtener la homologación judicial» del acuerdo.
Con respecto a las acciones que Vicentin ofrecía a través de un fideicomiso, «los acreedores no cuentan con la alternativa de transferir libremente sus certificados de participación en el fideicomiso, antes del plazo establecido para su rescate definitivo», indicó Lorenzini al fundamentar el rechazo a la homologación.
Y añadió que «tampoco se contempla un eventual dividendo sobre las acciones por parte de sus tenedores mediante el cual se podría generar un mecanismo que justifique una espera tan prolongada, en el supuesto de que la rentabilidad de la empresa fuera superior a la proyectada».
De esa manera, el juez de Reconquista aseguró que «se observa un intento por hacer descansar en los hombros de los acreedores, contingencias empresariales inclusive posteriores al concursamiento de la empresa, contrariando así la finalidad económica y social de este tipo de procesos de crisis».
Paralelamente, la resolución dispone en su artículo 3ro la apertura del período de concurrencia, es decir el salvataje o cromdown.
Lorenzini estableció la apertura el próximo lunes 18 y por 10 días hábiles judiciales, hasta el 29 de septiembre inclusive.
Los oferentes interesados en la continuidad de la agroexportadora deberán realizar un depósito de garantía de U$S100.000.
A la vez, el juez instruyó a la Sindicatura del concurso para que en un plazo máximo de 5 días hábiles presente «un cronograma definitivo para el período de concurrencia» que podrá acordar con la intervención de la sociedad.
Según pudo saber Télam, al menos un acreedor importante de Vicentin posee la intención de presentar, junto a otros actores, una propuesta de salvataje de la agroexportadora.
“La decisión del juez es importante”
Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa de seguimiento de Vicentin, consideró este viernes que «la decisión del juez es importante».
«Sin embargo -agregó- más que nunca hay que cuidar las fuentes laborales, recuperar la presencia nacional en el comercio exterior de granos y obligar a traer los 791 millones de dólares que Vicentin fugó».
El abogado Gustavo Feldman, que patrocina a acreedores en las causas penales contra los ex directivos de la firma, dijo a Télam que «Lorenzini hizo lo que no podía dejar de hacer», porque «la propuesta de Vicentin era ilegal, fraudulenta y contenía cuestiones de forma y de fondo incompatibles con las leyes vigentes».
Feldman, que es muy crítico de la actuación del magistrado y lo denunció en dos oportunidades además de pedir su apartamiento, sostuvo que la resolución «no implica ningún mérito para Lorenzini, todos los errores y horrores que cometió deberán ser analizados y esto no borra nada».
De todos modos, el abogado señaló que «esto constituye un alivio para la familia de los trabajadores de Vicentin» y también «para los acreedores que en su momento apostaron por la empresa y luego buscaron una solución que fuera una restitución que funcione como paliativo de un no pago liso y llano».
